Escándalo en Olivos: denuncian una trama de alimentos públicos y catering privado de funcionarias cercanas a Karina Milei

Una denuncia presentada ante la Justicia Federal sostiene que alimentos comprados para la residencia presidencial podrían haber terminado en eventos privados. La investigación alcanza a exfuncionarios, empleados de Olivos y personas del círculo de confianza de la hermana del presidente.

El escándalo por las compras realizadas para la Quinta de Olivos ya llegó a la Justicia Federal y amenaza con extenderse sobre el círculo más cercano a Karina Milei si es que la justicia trabaja como corresponde. Una denuncia penal plantea que alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber sido utilizados por una empresa privada de catering vinculada con funcionarios y empleados de la residencia presidencial.

La principal señalada es Belén Agudiez, recientemente desplazada de la Subsecretaría de Planificación General. La presentación también involucra a su cuñado Javier Sosa, exintendente de la Quinta de Olivos, y menciona a Mara Gorini, asesora de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia.

El caso comenzó a tomar dimensión pública luego de conocerse una compra de aproximadamente 29 toneladas de carne para las residencias presidenciales. Según informó La Política Online, el episodio provocó despidos, cambios en el funcionamiento de Olivos y un endurecimiento de la seguridad interna.

La diputada nacional Marcela Pagano llevó el caso a la Justicia. En su denuncia cuestionó los volúmenes adquiridos y el supuesto agotamiento anticipado de parte de los alimentos. La hipótesis es que una porción de la mercadería habría sido desviada hacia “Pancitos Caseros”, un emprendimiento de catering formalmente registrado a nombre de Analía Agudiez, hermana de Belén y empleada de la cocina de Olivos.

El planteo sostiene que esos insumos podrían haber sido comercializados en eventos y servicios para terceros. No se trata todavía de un hecho probado: es la línea que deberá investigar la Justicia a partir de la documentación incorporada por Pagano.

Una póliza de seguros aparece como uno de los elementos centrales. El documento, contratado en marzo de 2024 para “personal de catering”, incluye entre los asegurados a Sosa, Analía Agudiez y dos empleadas de la Quinta de Olivos. Como beneficiarios figuran Foggia Group, Mara Gorini y su esposo, Marcelo Dionisio.

Para la denunciante, la documentación mostraría que empleados públicos fueron presentados como trabajadores de un servicio privado. La póliza habría sido utilizada para un evento organizado por Foggia Group en GEBA, donde “Pancitos Caseros” prestó el servicio gastronómico.

Gorini había sido socia y apoderada de Foggia Group antes de ingresar al Gobierno como asesora sin cargo formal. Posteriormente, la productora quedó en manos de su esposo y del hijo de ambos. La compañía también quedó bajo la lupa por su interés en la concesión de Tecnópolis y por sus vínculos comerciales con empresas cercanas al oficialismo.

La trama alcanza además a Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni. Su empresa de consultoría, +BE, habría recibido de Foggia Group un contrato de al menos 55 millones de pesos por servicios de asesoramiento. La firma experimentó un fuerte crecimiento mediante contrataciones con empresas estatales y compañías vinculadas con el Estado.

La denuncia describe un posible circuito cerrado: el Estado compraba los alimentos; personas vinculadas familiar y laboralmente administraban la cocina, recibían la mercadería y controlaban los servicios de la residencia; mientras que algunos de esos mismos empleados aparecían asegurados como personal de un catering privado.

Para Pagano, la coincidencia entre funciones públicas, relaciones familiares y actividades comerciales justificaría una investigación sobre el posible desvío de recursos estatales. La presentación solicita determinar si existieron los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y peculado.

Por el momento existen una denuncia, documentación incorporada al expediente y una serie de sospechas que deberán ser corroboradas judicialmente. Sin embargo, el caso ya golpeó el corazón de la Quinta de Olivos y dejó bajo sospecha una red de relaciones políticas, familiares y comerciales construida alrededor de la hermana del Presidente.