Pedro García Castiella bajo presión por las causas Cordeyro y Ramasco

La familia del excomisario Vicente Cordeyro exige que el procurador respalde sus acusaciones públicas o se retracte. En la causa por la muerte de Lautaro Ramasco, la abogada Sandra Dómene pide su renuncia y reclama saber si investigó la presunta pérdida de denuncias y pruebas. A ese clima de cuestionamientos se suma el planteo del abogado de dos periodistas contra Ada Zunino, otra integrante de la conducción del Ministerio Público salteño.

El abogado y Procurador del Ministerio Público Fiscal, Pedro García Castiella, enfrenta reclamos que van más allá del resultado de las investigaciones. En un caso se le pide que explique qué pruebas sostienen las sospechas que difundió públicamente en un medio amigo sobre la familia de Vicente Cordeyro. En el otro, que dé cuenta de cómo actuó frente a presuntas omisiones de las fiscalías que investigan la muerte de Lautaro Ramasco. La pregunta común es qué responsabilidad asume el jefe de los fiscales cuando las familias denuncian que el propio organismo les debe respuestas.

García Castiella vinculó públicamente al excomisario fallecido y a su esposa, Trinidad Chávez, con una presunta eliminación de antecedentes de integrantes de la familia Saavedra. El abogado de Chávez, Roberto Adrián Reyes, lo intimó a respaldar esos dichos o rectificarse. El procurador rechazó el pedido con el argumento de que la información corresponde a investigaciones en curso y reservadas. Para la familia Cordeyro, resulta inadmisible invocar esa reserva después de haber instalado las sospechas en televisión.

“El poder acusa en los medios y se esconde cuando se le piden pruebas”, expresó Nicolás Cordeyro, hijo de Vicente y Trinidad. Su reclamo pone al procurador frente a una exigencia básica: si una autoridad decide hablar públicamente de personas identificables en relación con hechos graves, debe responder por el alcance y el sustento de sus palabras.

En la causa Ramasco, el cuestionamiento apunta a la conducción de las fiscalías. Sandra Dómene, abogada de la familia de Lautaro, sostuvo que las irregularidades que denuncia no deben cargarse sobre los jueces: quienes reciben denuncias, preservan documentos, producen pruebas y sostienen acusaciones son los fiscales. Aclaró que su planteo no exige necesariamente expulsar a los funcionarios involucrados: reclama que el procurador les pida explicaciones y determine si corresponde abrir sumarios administrativos. 

Según Dómene, se extraviaron la denuncia por lesiones y amenazas que Lautaro había presentado en abril de 2024, el certificado médico de lesiones de ese mes y una denuncia realizada por Rocío Ramasco el 9 de diciembre de 2024. La querellante exige saber qué ocurrió con esos documentos, quiénes debían preservarlos y si se inició alguna investigación interna. Se trata de denuncias de la querella que requieren una respuesta documentada del Ministerio Público; su sola formulación no permite afirmar quién perdió las actuaciones ni con qué intención.

La abogada también afirma que aportó datos y testigos sobre una presunta amenaza de muerte atribuida al conductor televisivo Gustavo Vaccarella, sin que se lo imputara por ese hecho. Señala que sí fue imputado por lesiones contra Lautaro y cuestiona cómo se tramitaron otras causas y denuncias por presuntos incumplimientos de restricciones judiciales. Su planteo es que la falta de investigación de esos antecedentes pudo impedir una reconstrucción completa de lo ocurrido.

Es necesario separar los expedientes. Gabriel Quispe está imputado por el homicidio de Lautaro. La familia sostiene que Vaccarella debió ser investigado también por su posible participación en la muerte; su defensa niega que exista prueba que lo vincule con el crimen. Las causas por lesiones, amenazas o incumplimientos de medidas judiciales tienen objetos propios y no prueban por sí solas esa participación. Justamente por eso, la querella exige conocer qué medidas se tomaron, cuáles se descartaron y por qué.

Por todo lo expuesto, la familia de Lautaro pidió la renuncia del Procurador.

A los cuestionamientos contra el procurador se suma otro conflicto dentro de la conducción del Ministerio Público. Humberto Vázquez, abogado de los periodistas Maxi Rodríguez y Nico Ruiz, planteó que se investigue penalmente un presunto intento de silenciarlos tras sus publicaciones sobre la defensora general Ada Zunino. La funcionaria había impulsado un reclamo contra ambos periodistas; según Vázquez, no asistió a la mediación que había convocado. Zunino no depende de García Castiella: dirige la Defensa Pública y ambos integran la conducción del Ministerio Público. Su caso amplía las preguntas sobre el funcionamiento institucional, sin convertir al procurador en responsable de sus actos.

Ninguno de estos reclamos acredita por sí mismo corrupción ni subordinación judicial al Poder Ejecutivo. Pero tampoco puede despacharse como una simple suma de familias y periodistas disconformes. Hay preguntas concretas que las autoridades pueden contestar: qué sustenta las acusaciones públicas contra los Cordeyro, dónde están los documentos señalados por la querella de Ramasco, si hubo sumarios por su presunta pérdida y qué garantías tienen los periodistas para investigar a una funcionaria judicial.

La independencia de la Justicia no se agota en su distancia formal del poder político. También se mide cuando sus autoridades aceptan controles, explican sus decisiones y permiten que se investiguen sus propias actuaciones. Hoy, García Castiella tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de responder con hechos a las familias que cuestionan su conducción.