Pauta oficial: Denunciaron por fraude a FM Aries pero no hay novedades judiciales
Falsedad ideológica, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público son los delitos por lo que denunciaron en 2020 Saturno SRL, el multimedio que dirige Mario Ernesto Peña, por haber cobrado pauta oficial durante nueve meses por un programa que solo se emitió tres. Cifras millonarias autorizadas por el ahora diputado provincial Víctor "vitín" Lamberto durante su gestión como Secretario de Prensa y Comunicación y del coordinador Nicolás Demitrópulos. Para Pedro García Castiella, una oportunidad para demostrar que la búsqueda de justicia es imparcial.
General20/04/2023 PeperinaUna nueva denuncia se suma a los expedientes que acumula Pedro García Castiella en su despacho de la Procuración General de la Provincia. El diputado nacional Carlos Zapata denunció en 2020 y amplió en 2022, el otorgamiento de pauta oficial a la radio del padre del Ministro de Turismo. Falsedad ideológica, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público son los delitos que se inscriben en este hecho, según lo denunciado.
“Entre enero y julio del 2020 la Secretaría de Comunicaciones de la provincia dio por aprobadas contrataciones con la firma Saturno SRL por publicidad emitida en FM Aries 91.1 y en algunos programas radiales de esa emisora por un total de 6.764.000 de pesos”, dio a conocer el documento presentado. La denuncia expone que se aprobaron contrataciones de publicidad rotativa en la conocida radio que dirige el empresario Mario Ernesto Peña por $3.174.000 de pesos; sumadas las contrataciones de publicidad en los programas Hablemos de Política, Inevitable y El Foso de los Leones por un total de 2.590.000 de pesos que implican 370 mil pesos por el mes, entre enero y julio del 2020 y contrataciones por publicidad emitida en los programas radicales Que se Dice y Mi Amigo Domingo por un total de 1 millón de pesos entre marzo y julio del 2020.
Como respaldo, Zapata detalló que fue el periodista Miguel Dalesio quien dio testimonio de éstas irregularidades, ya que conducía el programa Inevitable que estuvo al aire entre marzo y mayo del 2020, pero la pauta que cobró la emisora fue desde enero a julio. “Resulta llamativo que a pesar de tal circunstancia, la Secretaría de Comunicación haya aprobado contrataciones de publicidad durante los meses de enero y febrero y de junio y julio, cuando ese programa dejó de emitirse”, sostiene la denuncia, en alusión al rol que jugó en aquel momento Víctor Lamberto, ex responsable de la Secretaría de Comunicación del gobierno.
Para que este mecanismo se haya dado así, tuvo que contar con la aprobación de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, que hoy está a cargo de Nicolás Demitrópulos, como así también del Servicio Administrativo Financiero (SAD) de dicha área, que se encuentra habilitado para efectuar las imputaciones presupuestarias. El documento citó las distintas resoluciones que se emitieron y que validan cómo se expidió Lamberto desde la Secretaría de Comunicación. “Los instrumentos indicados aprueban el pago del servicio de publicidad contratado con los diferentes medios detallados en los mismos, luego de que estos han emitido esa publicidad”, afirma el documento.
En respuesta, el legislador nacional solicitó que se cite a declarar a Dalesio, en vistas a su testimonio, “y que se guarde reserva de su identidad ya que la firma ha percibidos pagos confirme dichas resoluciones, más sin haber cumplido con la emisión de publicidad pertinente”, resalta la denuncia y remarca que “según dichos del periodista, la firma percibió el pago de publicidad por el período enero a julio 2020 siendo que el contrato con la emisora habría concluido con la anterioridad de dichas fechas y que los primeros meses no se emitió el programa. Es decir, esa firma habría percibido pagos en razón de una contratación inexistente y de un servicio que no se prestó”
En la denuncia, el olmedista solicitó que se presenten las actuaciones administrativas y recomendó que se libre oficio a la Secretaria de Prensa y Comunicación a fin de que remita el libro de aire Saturno SRL correspondiente a enero a diciembre del 2020, la copia de la resolución que aprueba las contrataciones de publicidad oficial, las copias de informes de auditorías de medios y de control de aire emitidos por TROKA SRL Y Praxis SRL entre enero y diciembre del 2020 y copia de los contratos celebrados entre el gobierno entre TROKA y Praxis, como así la constancia de auditoría de medios y control de aire a estas empresas de comunicación. Así también Zapata aconsejó el secuestro de documentos en poder de Saturno SRL sobre los programas emitidos entre enero y diciembre del 2020 por Aries y de la documentación relativa a los pases de publicidad del gobierno.
Una oportunidad para García Castiella
El Procurador, en su responsabilidad como jefe de las y los fiscales, tiene la obligación de exigir claridad en los hechos que representaría un fraude a los salteños. En esta denuncia se abre la posibilidad de brindar transparencia y garantías sobre lo que ocurre con la distribución de la pauta, que suele beneficiar a los grandes medios oficialistas en desmedro de quienes asumen un compromiso con el periodismo, indistintamente del gobierno de turno.
Sin embargo, cabe recordar que el responsable del Ministerio Público Fiscal ya tuvo varias oportunidades para hacer de los lugares que ocupó un espacio de justicia, siempre de la mano de Gustavo Sáenz. Fue así que cuando este asumió la intendencia, creó la Oficina Anticorrupción, donde “Pilín” fue director nombrado por el actual gobernador. Sin pena ni gloria pasó su gestión, que poca herramienta tenía para incidir en los delitos que presumía, combatiría. Por el contrario, el ex funcionario pudo haber esclarecido los hechos que en aquellos años se suscitaron los millones de las facturas apócrifas; momento crucial en el que pudo haber validado su lugar y miró para un costado.
Darle lugar a una denuncia, indistintamente que provenga de un dirigente opositor a este gobierno, asumir la responsabilidad que le cabe el MPF sobre los actos de corrupción y contribuir a un sistema de medios democráticos, sería una importante muestra de independencia judicial.