Bullying en Salta: padres podrán ir arrestados si no frenan el acoso escolar de sus hijos

Diputados aprobó una reforma clave al Código Contravencional. Ante la "reticencia" de los tutores a colaborar con las escuelas, la justicia podrá aplicar hasta 30 días de arresto o multas a quienes ignoren las notificaciones por acoso escolar.

Se terminó el tiempo de mirar para otro lado cuando un menor ejerce violencia en la escuela. La Cámara de Diputados de Salta dio sanción definitiva a una modificación del Código Contravencional que introduce, por primera vez, la responsabilidad parental efectiva en casos de bullying. A partir de ahora, el acoso escolar deja de ser un problema puertas adentro del aula para convertirse en una contravención que puede llevar a los padres o tutores frente a un juez.

La diputada Socorro Villamayor, impulsora de la medida, fue tajante al explicar el fracaso de los protocolos actuales: "Los padres son reticentes a asistir al establecimiento cuando han sido notificados o citados". Ante esta falta de compromiso que deja a las víctimas desprotegidas, la nueva norma establece sanciones de hasta 30 días de arresto o 30 días de multa para los adultos que, habiendo sido informados por la escuela, no cumplan con los deberes y medidas indicadas para frenar la conducta del menor.

Es importante aclarar que no habrá detenciones automáticas. El proceso se activará cuando la institución educativa (pública o privada) notifique formalmente a los padres sobre una situación de acoso, los tutores ignoren el llamado o se nieguen a colaborar con las medidas de intervención y el caso se derive a un Juez Contravencional, quien evaluará la gravedad de la omisión y decidirá si corresponde la multa económica o el arresto.

Salta ya contaba con leyes contra el bullying, pero en la práctica eran "papel mojado" ante familias que justificaban o minimizaban las agresiones de sus hijos. Con esta reforma, la provincia se pone a la vanguardia —y para algunos, en una postura extrema— al judicializar la crianza cuando esta deriva en violencia escolar.

La norma ya fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación. En los pasillos de las escuelas salteñas la pregunta es una sola: ¿servirá el miedo a la cárcel para que los padres vuelvan a educar en el respeto, o terminaremos con las alcaidías llenas de tutores mientras el sistema educativo sigue sin recursos para abordar la salud mental de los chicos? Lo cierto es que, desde hoy, el bullying en Salta tiene un costo que sale directamente del bolsillo (o la libertad) de los padres. No más escuelas solas en la lucha contra el bullying.