Para la Ley de Glaciares sí dan la cara, por el casamiento VIP nadie habla

Cuando se trata de explicar el impacto de un casamiento VIP en una reserva natural, la secretaria de Ambiente prefiere el silencio. Pero cuando el tema es defender la Ley de Glaciares, ahí sí aparecen los funcionarios.

Mientras todavía nadie explicó públicamente qué pasó con la nota que supuestamente avaló el evento privado realizado en la Quebrada de las Conchas, que generó fuertes cuestionamientos por haberse desarrollado dentro de un área natural protegida, salieron a hablar… pero de otra cosa.

Lo hizo el coordinador de Ambiente local, Sebastián Varela, quien participó de una exposición vinculada al debate nacional sobre la legislación que regula la protección de los glaciares y los ambientes periglaciares.

El contexto del debate no es menor. La discusión sobre la ley enfrenta dos posturas: por un lado, quienes impulsan la expansión de la actividad minera y, por el otro, quienes advierten sobre la necesidad de preservar glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.

Incluso especialistas internacionales vienen alertando sobre los riesgos de avanzar con proyectos extractivos en zonas sensibles, puesto que eventualmente pueden generar impactos negativos sobre estos cuerpos de hielo, que además ya sufren las consecuencias del calentamiento global.

En ese escenario, Varela defendió la normativa: “nosotros estamos totalmente de acuerdo con el espíritu y el objeto que la ley plantea. Básicamente de lo que se trata es de acompañar este proyecto en cuanto a la identificación de los glaciares y periglaciares, porque en definitiva lo que se busca es preservar aquellos que cumplen con ese objeto de ser protegidos”, afirmó.

El ex funcionario de Urtubey, en la gestión de López Sastre, explicó que antes de que cualquier proyecto avance existen distintas instancias técnicas y administrativas que intervienen. “Dentro de los procesos mineros y las autorizaciones no debemos perder de vista que previo a todos los proyectos que se autorizan interviene el Juzgado de Minas”, señaló.

También describió un esquema de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado. “Hay una interacción entre la Secretaría de Minería, la Secretaría de Ambiente y el Juzgado de Minas. Esa intervención se da previo al otorgamiento de las pertenencias y concesiones mineras”, indicó, como si todo funcionara de maravillas. 

Según detalló, los proyectos deben atravesar evaluaciones ambientales antes de ser aprobados. “Los estudios de impacto ambiental son remitidos desde la Secretaría de Minería a la Secretaría de Ambiente y participan inclusive cuando el proyecto eventualmente cae dentro de una zona de reserva”, explicó.

Varela recordó que gran parte de los proyectos mineros de la provincia se concentran en el departamento Los Andes, donde existe una amplia superficie bajo régimen de protección. “La mayor parte de los procesos mineros están dentro de lo que es el departamento Los Andes, donde aproximadamente la mitad del territorio es una reserva de uso múltiple”, sostuvo.

En esos casos interviene el sistema provincial de áreas protegidas. “Cuando estos proyectos caen dentro de esa reserva, específicamente interviene el área de la Secretaría de Ambiente, conformada por el sistema provincial de áreas protegidas”, agregó.

Estaba previsto que su jefe Alejandro Aldazabal tambien paraticipará de la instancia, lo cual no sucedió ya que se encuentra de licencia. Quien sí tomó la palabra fue el secretario de Minería de Provincia, Gustavo Carrizo.

“Hoy tenemos seis proyectos en producción entre litio y metalíferos. Tenemos 30 proyectos metalíferos en distintas etapas. Tenemos 30 proyectos de litio también en distintas etapas y ocho proyectos borateros”, detalló.

El funcionario reconoció la importancia de proteger los glaciares, aunque cuestionó la forma en que la legislación actual define algunas áreas. “El problema está en su nivel de precisión al momento de aplicarse”, señaló.

“¿Quién más que los salteños sabemos defender nuestros recursos? ¿Quién más que los salteños sabemos defender lo que nosotros consideramos necesario para generar nuestra riqueza?”, dijo.

Mientras tanto, el debate ambiental sigue teniendo dos velocidades bien distintas: explicaciones cuando se trata de minería o legislación nacional, y silencio absoluto cuando las preguntas apuntan al evento privado realizado en la Quebrada de las Conchas.