Aldazábal de licencia, Musalem en silencio y una nota de Ambiente que nadie explica

El casamiento de Nicole Pocoví y Federico Maran en plena Quebrada de las Conchas dejó un clima incómodo dentro de la secretaria de Ambiente. 

La fiesta, que reunió a más de cien invitados durante varios días en medio de una reserva natural, se justificó con una nota que salió del organismo. 

En la administración pública ese tipo de cosas no pasan por casualidad. Sin embargo,  nadie salió a explicar nada. El primero que debería haber aclarado la situación es Alejandro Aldazábal, el responsable político del área. Pero Aldazábal no habló. Después de que el tema explotó públicamente, pidió licencia. Y se fue a esperar que baje la espuma.

El otro funcionario clave es Sebastián Musalem, responsable nada más y nada menos que de Areas protegidas de la provincia. Es quien conoce los procedimientos, los permisos y los límites de uso de cada reserva.

También es quien debería explicar cómo apareció una nota de Ambiente para justificar un evento que, en teoría, no se puede autorizar.

Pero Musalem, hijo del ex diputado provincial del PJ, tampoco habló. Ni una explicación pública ni una aclaración técnica, nada.

En lugar de eso, enviaron a una tercera línea a dar explicaciones. Fue el subsecretario de Gestión Ambiental, Normando Zúñiga, el enviado a responder preguntas después de que el escándalo ya estaba instalado.

La intervención no ayudó demasiado, patinó en las respuestas y terminó dejando más dudas que certezas. Tanto el gobierno municipal como el provincial supieron de la existencia de la fiesta desde antes de que se realizara. Según la cronología de los hechos que reconstruye Zuñiga, los primeros indicios llegaron en boca de la intendencia.

“Primero hubo una denuncia de la municipalidad. Los guardaparques se acercaron mientras armaba la fiesta y preguntaron si tenían habilitación. Alguien que no sabemos quién fue les mostró este documento. Los guardaparques le sacaron una foto y lo enviaron —relata Zuñiga—. A mí el secretario me informó que había una fiesta en el lugar", dijo en La Nación.

Según se murmura por los pasillos de Santiago del Estero al 2200, Aldazábal casi no pisa su despacho.  Firma lo que tiene que firmar… y se va. O, directamente, ni siquiera eso. Porque muchos documentos saldrían con directamente con la firma pegada. 

Como nadie ofreció precisiones ni puso la cara, comenzó a circular una una hipótesis que podría eventualmente generar serios problemas.  Alguien le habria comentando el asunto, diciendole que iba a ser algo menor para “gente conocida”. Que no iba a a traer problemas. Y la respuesta automática fue: peguen la firma, ya saben. El problema es que esta vez sí hubo problemas.

Los "conocidos"

También empieza a abrir otras ventanas incómodas alrededor de la familia de los protagonistas del evento. Por ejemplo: Kevin Pocoví, hermano de Nicole Pocoví, tiene una empresa que recientemente se convirtió en proveedora del Estado provincial.

La sociedad se llama AFC SERVICES S.A.S. y, según documentación oficial, a poco más de un año de haberse constituido ganó una licitación por $20.500.000 para vender equipamiento al Servicio Penitenciario de Salta.

Bajo el nombre comercial AFC Argentina, la empresa se adjudicó la provisión de un grupo electrógeno y una electrobomba centrífuga destinados a dos dependencias del sistema penitenciario: la Alcaidía N°2 de la capital y la Unidad Carcelaria N°5 de Tartagal.

La firma, además, no está sola. Kevin Pocoví comparte la sociedad con Mariana Elías Hansen y, según consta en el Boletín Oficial N.º 21.818, fue constituida con un abanico amplio de rubros que le permite ofrecer distintos tipos de servicios y provisiones al Estado.