El oficialismo blindó a Wayar en Diputados y frenó la intervención de La Merced

Mientras se conoció que el intendente tiene sus haberes embargados por la Justicia y que el chofer que mató a Tomás era su "protegido", el bloque de Germán Rallé rechazó el tratamiento sobre tablas para desplazar al jefe comunal. El dolor de una familia, postergado por los "tiempos legislativos".

La muerte de Tomás Sotero Alancay, el niño de 5 años que fue atropellado en la senda peatonal por una camioneta municipal conducida por un hombre sin registro, ha dejado de ser un siniestro vial para convertirse en EL escándalo de protección política del año. Este martes, la Cámara de Diputados de Salta fue el escenario de una maniobra de distracción: mientras el bloque libertario intentó tratar sobre tablas la intervención inmediata de La Merced, el oficialismo —comandado por Germán Rallé— decidió "planchar" el proyecto y enviarlo a comisión, otorgándole a Javier Wayar un tiempo de oxígeno que el pueblo mercedeño no está dispuesto a concederle.

El cinismo de un Intendente acorralado

Javier Wayar ha desplegado una estrategia de defensa que roza el ridículo. Sostiene que Miguel Plaza (el conductor discapacitado y sin licencia) "usó la camioneta sin permiso", intentando despegarse de la responsabilidad civil y penal. Sin embargo, su propio relato lo traiciona: admitió conocer los pésimos antecedentes de conducta de Plaza e incluso haberlo "asistido" en varias oportunidades.

Este "protegido" de Wayar no era un empleado más; los vecinos denuncian que usaba los vehículos oficiales como propios. Pero hay más: el historial del intendente no ayuda a su credibilidad. Wayar enfrenta hoy múltiples causas judiciales demoradas y ya sufre un embargo del 20% de sus honorarios por deudas que la justicia aún intenta ejecutar. ¿Cómo puede una persona que no puede administrar su propio sueldo y que protege a conductores sin registro seguir al frente de un municipio?

Diputados: ¿Justicia o burocracia?

El rechazo del oficialismo a tratar la intervención de manera urgente es un mensaje nefasto para la sociedad. El diputado Germán Rallé argumentó que el pedido de sus pares de Cerrillos (Albeza, Jorge y Caro Dávalos) debe ser "analizado en profundidad" en comisiones. En el lenguaje político salteño, eso suele significar "esperar a que baje la espuma".

Mientras los legisladores piden "prudencia" y respetan sus propios "tiempos", la Ruta 68 sigue siendo testigo de la bronca de una comunidad que se siente traicionada. La negativa a debatir la salida de Wayar —quien además de la tragedia de Tomás carga con el lastre de sus haberes embargados y denuncias por desmanejos económicos— huele a un pacto de caballeros para no soltarle la mano a un par, cueste lo que cueste.

El clima en el municipio es de máxima tensión. La figura de Wayar, "abrumado" según el ministro Jarsún pero atornillado al sillón según sus acciones, representa hoy la acefalía ética de una gestión que se quedó sin respuestas. Si la Legislatura no reacciona y sigue protegiendo a intendentes con causas judiciales bajo la alfombra de las comisiones, quedará claro que en Salta el peso de la ley solo cae sobre quienes no tienen un contacto en la plaza de armas de la Legislatura.