Evento VIP en reserva natural: investigan irregularidades y apuntan a fallas de control en Cafayate

El auxiliar fiscal de la UFICON, confirmó a el Tintero que investiga la realización de un evento —posible casamiento o fiesta— en la reserva natural salteña sin permisos. Hay citaciones en curso para esta semana y una lupa que apunta también al rol del Estado a través de sus distintos organismos competentes.

Lo que empezó como una celebración exclusiva en las quebradas de Cafayate por la Ruta Nacional 68, terminó bajo la órbita judicial. La fiscalía contravencional avanza sobre el evento realizado en la reserva natural protegida, donde —según las primeras actuaciones— no habría existido autorización formal y podría haberse afectado el ecosistema de manera irreversible.

En diálogo con este medio, el Dr. Marcos Bravo, auxiliar fiscal, dejó en claro el eje de la investigación: un evento sin permisos en un área protegida y posible daño ambiental. Esto, a partir de una denuncia, se activaron medidas como citaciones a la organizadora, testigos y funcionarios vinculados al área ambiental. La hipótesis es que se vulneró la normativa vigente que protege estos espacios, donde cualquier intervención requiere controles estrictos y evaluaciones previas dado el ecosistema reinante.

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Sobre las responsabilidades por el evento, el Dr. Bravo afirmó que son competencia directa del municipio de Cafayate y la Secretaría de Ambiente, organismos con potestad de autorizar o frenar la actividad. En ese marco, la pregunta que sobrevuela es si hubo desidia, omisión o algo más.

"Necesitamos reunir todos aquellos elementos que sirvan para determinar si hubo autorización o no. Después, la negligencia o la omisión de los funcionarios de ambiente de la provincia, es competencia de la fiscalía penal de Cafayate, claro, si es que considera que corresponde", aclaró el funcionario judicial.

La supuesta falsificación de firma del secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, en los documentos de permisos, será también materia de investigación de la fiscalía cafayateña por el caracter penal. Si se comprueba falsificación, la responsabilidad podría alcanzar a distintos actores, incluidos funcionarios.

Mientras tanto, la fiscalía intenta reconstruir qué pasó realmente: si hubo matrimonio formal, a través de pedidos al Registro Civil de la provincia, o simplemente una fiesta encubierta. Qué impacto tuvo sobre el ambiente y quiénes habilitaron —o dejaron pasar— un evento en un lugar donde, en principio, no debería haber ocurrido nada. La semana que corre será clave.