La "Ley de Libertad Educativa" pone en jaque la gratuidad universitaria y el principio de laicidad

El Gobierno Nacional avanza con la denominada “Ley de Libertad Educativa”, uno de los proyectos centrales del Consejo de Mayo que busca modificar de raíz el sistema educativo argentino. Si bien la iniciativa se presenta bajo el paraguas de la “autonomía pedagógica” y el “rol preferente de las familias”, los detractores del proyecto alertan que el verdadero objetivo es reducir el presupuesto estatal, debilitar la educación pública y desmantelar principios históricos.

El proyecto, que sería abordado en el Congreso a partir de marzo de 2026, siembra serias dudas al no ratificar el carácter laico de la educación pública. Esta omisión, que rompe con la tradición educativa establecida por Domingo Faustino Sarmiento, genera el temor de que se habilite la educación religiosa en instituciones de gestión estatal, volviendo sobre fallos que la Corte ya había regulado.

Educación Superior bajo la lupa del ajuste

Uno de los puntos más conflictivos es el impacto directo en la educación superior pública. El proyecto introduce mecanismos de control y rendimiento académico que podrían generar una exclusión masiva de estudiantes:

• Restricción de ingreso: Se exige haber concluido el secundario de forma completa para iniciar estudios superiores, eliminando la figura del alumno "condicional". Esto demoraría el ingreso de miles de estudiantes.
• Rendimiento mínimo exigible: Se obliga a los alumnos a aprobar "por lo menos dos (2) materias por año" para mantener la regularidad, un requisito que no existe en la mayoría de las universidades nacionales.

Para la oposición y los detractores de la propuesta, establecer este rendimiento mínimo, junto con la nueva fórmula de financiamiento que pondera el número de egresados, tiene un objetivo encubierto: reducir la matrícula estudiantil, lo que a su vez justificaría una drástica disminución del presupuesto necesario para el sostenimiento de las universidades públicas.

Habilitación de la Enseñanza en el Hogar y exámenes de control

En sintonía con la “libertad educativa”, la reforma habilita la educación en el hogar ("home schooling") y la enseñanza en entornos virtuales. Sin embargo, la validez de estas modalidades se garantiza exclusivamente mediante evaluaciones estandarizadas, cuyo formato será definido por la autoridad nacional.

Además, se crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria con múltiples objetivos, desde ser un parámetro de nivel hasta una herramienta para la selección de estudiantes por parte de las instituciones de educación superior.

Control del gasto y debilitamiento docente

La Ley también refuerza los mecanismos de auditoría externa en universidades (con competencia de la AGN, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano), un tema que ya generó polémica por la injerencia del Poder Ejecutivo en la autonomía universitaria.

Finalmente, la reforma establece una nueva estructura para la formación docente continua (a cargo del flamante Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente), transformando la capacitación en una "condición para la permanencia y promoción", lo que implica una mayor injerencia y control estatal sobre la carrera de los educadores.

Los detractores concluyen que, más allá de los términos de "libertad" y "autonomía", la ley representa una profunda desregulación ideológica y un mecanismo de ajuste fiscal disfrazado de modernización educativa.