Cuando la salud es excusa y el negocio escribe la agenda

La discusión sobre el cigarrillo electrónico volvió al centro de la escena política nacional, pero no por un giro en la evidencia científica ni por una estrategia integral de salud pública. Detrás del renovado impulso para habilitar el vapeo en la Argentina aparece una trama de lobby empresarial, vínculos directos con el poder Ejecutivo y presión parlamentaria orientada a destrabar un negocio multimillonario largamente resistido por los organismos sanitarios.

La multinacional tabacalera Massalin Particulares, controlada por Philip Morris, logró avanzar donde antes había fracasado: copar el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso para empujar la legalización de los cigarrillos electrónicos, hoy prohibidos por la ANMAT desde 2011. Y lo hizo colocando a un hombre propio en un lugar estratégico del Estado.

El nombre que sintetiza esta maniobra es Ignacio Devitt, flamante secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Devitt trabajó en Philip Morris —empresa madre de Massalin— hasta el mismo día en que asumió su cargo público. Desde esa secretaría, pasó a ser el principal articulador político entre el Ejecutivo y el Congreso, desplazando a Oscar Moscariello y concentrando una función clave: conseguir los votos necesarios para habilitar el negocio del vapeo.

La señal política es contundente. No se trata de un asesor técnico ni de un especialista en salud pública, sino de un ex ejecutivo tabacalero con la misión explícita de instalar en el Congreso una agenda regulatoria favorable a su ex empleador.

Prohibido por la ANMAT, impulsado por el lobby

El avance de Massalin no es nuevo. A fines de noviembre, cuando su mandato como diputado estaba por expirar, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular la publicidad, comercialización y consumo de sistemas de vapeo, pese a que rige una prohibición sanitaria clara desde hace más de una década.

Antes, la empresa ya había intentado colar el tema en la Ley Bases, buscando gravar los vaporizadores con un impuesto del 20%, muy por debajo del 73% que hoy pagan los cigarrillos tradicionales. El intento fracasó, pero dejó en evidencia la estrategia: no discutir salud, sino costos impositivos y rentabilidad.

Rosca transversal y presión parlamentaria

La controversia fue tan fuerte que el capítulo tabaco terminó siendo retirado del proyecto oficial. Sin embargo, lejos de retroceder, Massalin activó un lobby transversal que recorrió casi todos los bloques del Congreso. Según se reveló, la multinacional contó con las gestiones del estudio Brochou-Funes de Rioja, que organizó reuniones virtuales con legisladores de distintos espacios, entre ellos Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y el peronista Pablo Yedlin, para garantizar apoyos.

El dato político es elocuente: cuando una discusión supuestamente sanitaria se cocina en estudios jurídicos y mesas de lobby, la salud pública queda relegada a un eslogan funcional al negocio.

El negocio primero, la salud después

Mientras el discurso oficial habla de libertad, modernización y regulación “inteligente”, lo que emerge es un esquema clásico de captura del Estado por intereses privados. No hay campañas preventivas, no hay debate serio sobre el impacto del vapeo en jóvenes, no hay participación protagónica de sociedades médicas. Hay, en cambio, funcionarios con pasado empresarial reciente, presión parlamentaria y proyectos a medida.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿quién define la política sanitaria en la Argentina? ¿Los organismos de control y la evidencia científica, o las multinacionales que buscan reconvertir su negocio ante la caída del consumo tradicional?

Por ahora, el vapeo parece menos una discusión de salud y más una muestra de cómo, en los pasillos del poder, la caja sigue pesando más que el bienestar colectivo.