Red de pensiones truchas en el interior salteño: avance clave de la Justicia federal

Por orden del juez federal Julio Bavio y con la investigación a cargo del fiscal Carlos Amad, se desarticula una presunta organización que habría tramitado irregularmente más de 22.000 pensiones por discapacidad en localidades como Joaquín V. González y El Quebrachal. La causa perfila delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica y defraudación al Estado.

Tras seis meses de pesquisa, los allanamientos permitieron secuestrar computadoras, celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo y documentación que, según fuentes judiciales, darían sustento a la existencia de una trama que habría involucrado a médicos, bioquímicos, gestores, funcionarios municipales y actores políticos mediante la falsificación de certificados médicos para justificar pensiones inexistentes; se perfilan los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica y defraudación al Estado.

En Joaquín V. González, Gendarmería intervino oficinas de ANSES, Acción Social y el CIC del barrio San Antonio, señalado como epicentro; en El Quebrachal se inspeccionaron consultorios y dependencias donde se emitían CMO presuntamente apócrifos, y se realizaron operativos en Salta capital y Talavera, consolidando un mapa con ramificaciones que también alcanzaría a Jujuy y Chaco.

La operatoria funcionaría como una “industria” de pensiones truchas, con precios pactados para diagnósticos falsos (Chagas, diabetes, entre otros), y su magnitud se refleja en estimaciones oficiales que calculan un perjuicio superior a USD 3.400 millones en 2024.

El caso en Salta se originó a partir de una causa en Chaco, donde Amad detectó que un médico de Joaquín V. González extendía certificados falsos para habitantes de Taco Pozo; allí se confirmaron 840 pensiones irregulares y ya hay 13 imputados, lo que expuso un circuito ilícito que habría beneficiado económicamente a profesionales de la salud, administrativos y funcionarios a cambio de gestionar expedientes fraudulentos.

Ahora, la Justicia analiza el material incautado —conversaciones y registros— y se encamina a la formalización de imputaciones, un paso que podría sacudir el escenario político y social de la provincia; se recuerda que toda persona mencionada en la causa goza del principio de inocencia hasta que la sentencia quede firme.