




El conflicto en torno al transporte público de Salta sumó un nuevo capítulo con las duras declaraciones de Violeta Gil, dirigente de Política Obrera, quien cuestionó la decisión de las concesionarias de suspender las frecuencias nocturnas desde el 22 de agosto si la Provincia no les transfiere los subsidios comprometidos.
Según las empresas, la demora en esos fondos compromete el pago de créditos asumidos para renovar unidades y comprar combustible, lo que pondría al sistema en una situación “insostenible”.
Desde Política Obrera rechazan esa postura y señalan que el problema es de fondo: “Son empresas parásitas que viven del subsidio, con la complicidad del gobierno de Sáenz y de todo el arco político patronal”, lanzó Gil.


La dirigente denunció que el esquema actual solo garantiza “negocios millonarios a costa de aumentos del boleto, restricciones al pase estudiantil y de jubilados, y salarios de pobreza para choferes y mecánicos”.
El comunicado también apuntó contra el gobierno de Javier Milei y las políticas de ajuste. Según la organización, las concesionarias no cuestionan las tasas de interés que agravan su situación financiera, pero sí trasladan la crisis a los usuarios y trabajadores mediante nuevos aumentos, despidos y precarización.
En un contexto de recesión y salarios bajos, el costo del transporte se vuelve cada vez más difícil de afrontar. “Con el 80% de los trabajadores de Salta cobrando salarios de pobreza, el boleto ya es impagable”, remarcaron.
Finalmente, Gil exigió la apertura de los libros contables de las empresas para conocer el destino de los subsidios millonarios que reciben por kilómetro recorrido. “Rechazamos cualquier maniobra que afecte a los trabajadores y usuarios del transporte”, sentenció.


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