La Justicia declaró “inválido” el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Un juez federal falló a favor de un amparo presentado por padres, argumentando que el veto presidencial fue “arbitrario” y discriminatorio.

Un juez federal de Campana, provincia de Buenos Aires, declaró inválido el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión fue tomada por el juez Adrián González Charvay, quien falló a favor de los padres de dos niños con trastornos del desarrollo que habían presentado un recurso de amparo.

El magistrado consideró que el veto fue "arbitrario" y que representa una "clara discriminación" contra las personas con discapacidad, un grupo que, según su fallo, requiere de una protección especial por parte del Estado. González Charvay desestimó los argumentos del gobierno para justificar el veto: que el Congreso no asignó un presupuesto específico y que hubo irregularidades en la sanción de la ley.

“El veto cuestionado -afirmó el juez en su fallo- provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales”.

El juez sostuvo que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de los niños debe tener prioridad sobre las restricciones presupuestarias. Como resultado de la sentencia, la ley se considera tácitamente promulgada y ya está en vigencia. El fallo se apoya en el principio de progresividad de los derechos humanos y en la obligación del Estado de proteger a los grupos vulnerables.

González Charvay consideró que debe respetarse el “principio de progresividad o no regresión” en materia de derechos humanos, que prohíbe al legislador “adoptar medidas injustificadas” que impliquen un retroceso en cuanto a la protección de los ciudadanos.

El juez recordó además que el 7 de agosto de 2025, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad”.