Tras décadas de conflictos y concesiones irregulares, Diputados avanza con la regularización de tierras en Salta Forestal

La Legislatura salteña avanza en una ley que permitiría otorgar títulos de propiedad a pobladores que habitan los lotes fiscales 35 y 36 desde hace generaciones, tras años de concesiones privadas, desalojos y conflictos no resueltos.

La Cámara de Diputados de Salta, en coordinación con el Senado, se prepara para definir una ley que habilite el acceso a la titularidad de tierras para las familias históricas de Salta Forestal. Se trata de comunidades criollas asentadas en los lotes fiscales 35 y 36 desde hace décadas, incluso desde tiempos coloniales, pero que nunca contaron con títulos de propiedad, a pesar de haber habitado, trabajado y defendido esas tierras.

El debate legislativo se da en el marco de un proyecto modificado del Ejecutivo, que busca saldar una deuda histórica con estas poblaciones desplazadas por distintas etapas de explotación estatal y privada.

Salta Forestal fue creada en 1974 como empresa estatal asociada a la Dirección General de Fabricaciones Militares. El objetivo era desarrollar actividades forestales y agropecuarias en más de 330.000 hectáreas aportadas por la provincia, muchas de las cuales ya estaban habitadas por puesteros criollos.

Los datos disponibles sobre la evolución de la empresa indican que Fabricaciones Militares invirtió menos del 30% del capital comprometido, mientras controlaba toda la cadena de comercialización y abastecía de carbón a Altos Hornos Zapla en Jujuy. En 1982, el gobierno militar eliminó el fondo siderúrgico, lo que dejó sin financiamiento a la empresa.

Ante esta situación crítica, durante el gobierno de Roberto Ulloa, la provincia compró la totalidad del capital accionario y constituyó la Sociedad del Estado Salta Forestal S.A. A partir de entonces comenzó una larga etapa de declinación: se abandonaron los planes de manejo forestal, la producción cayó drásticamente y la planta de empleados creció sin control.

En los años siguientes, la empresa atravesó distintos procesos: fue sujeta a privatización, funcionó de manera intermitente produciendo carbón y postes, y finalmente se licitó su explotación. En 1998, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, la firma Eco Desarrollo S.A. —único oferente— se adjudicó la explotación de 219.000 hectáreas por 35 años, con opción a 15 años más, y otras 120.000 hectáreas también por 35 años, con opción a 29 años adicionales. Sin embargo, los contratos recién se firmaron en el año 2000 y establecieron que el canon se pagaría a partir del año 20 de la concesión.

Este modelo concesionario provocó una serie de denuncias por irregularidades, desmontes masivos, conflictos con comunidades locales y ausencia de infraestructura. Más de 200 familias fueron desplazadas, muchas de ellas sin posibilidad de regresar con su ganado ni acceso a servicios básicos.

Recién en 2017, tras un juicio de lesividad promovido por la Fiscalía de Estado, la provincia logró recuperar 81.819 hectáreas y comenzó a cobrar un canon del 10% del valor de la producción anual. En 2024, según informó el gerente general de la empresa estatal, Guillermo Haddad, Salta Forestal generó más de $6.250 millones, de los cuales $2.250 millones corresponden a cobros de canon que estaban trabados judicialmente, y $4.000 millones fueron establecidos por control de cosechas de este año.

El actual plan integral de regularización dominial y ordenamiento productivo —impulsado por el gobierno provincial— prevé otorgar títulos de propiedad a los puesteros que habitan los lotes fiscales desde hace décadas, así como recuperar 160.000 hectáreas concesionadas que no están siendo explotadas, con el objetivo de multiplicar la recaudación y devolverle a esas tierras su dimensión social y productiva.