Discapacidad en Salta: Prestadores paran y exigen respuestas urgentes

Una vez más, el sector de prestadores de servicios a personas con discapacidad en Salta ha levantado la voz y ha paralizado sus actividades. Ayer, profesionales y familiares de personas con discapacidad protagonizaron una jornada de protesta por la falta de actualización de los aranceles, pagos atrasados y exigieron la aprobación de la ley que declara la emergencia del sector a nivel nacional.

La principal demanda es la misma de siempre: aranceles desactualizados y un atraso sistemático en los pagos. Desde hace meses, los prestadores denuncian que los montos que reciben por sus servicios están muy por debajo de los costos operativos, ahogados por una inflación galopante que pulveriza cualquier previsión económica.

“Desde enero no tenemos un incremento en el valor del servicio”, denunció Sergio Pintos, referente de transportistas del sector, en FM Aries, quien indicó que el valor del kilómetro está estimado en $570, pero debería ajustarse al precio del litro de nafta.

 Además, detalló que los pagos se realizan con demoras de entre 60 y 90 días, y muchas obras sociales aún mantienen deudas desde 2024. Pintos pidió a los diputados nacionales por Salta que acompañen el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que se trataría este jueves en sesión especial del Congreso. “Esto garantizaría las prestaciones hasta 2027, con aumentos periódicos y condiciones dignas para trabajar”, señaló.

Esta situación no solo compromete su viabilidad económica, sino que impacta directamente en la calidad y continuidad de las prestaciones. ¿Cómo se puede exigir excelencia en un servicio cuando quien lo brinda apenas puede cubrir sus gastos básicos?

Los reclamos se centraron además en los bajos valores que reciben los profesionales: entre $3.000 y $5.000 por hora para acompañantes terapéuticos, cuando consideran que debería rondar los $10.000; y $11.000 por sesión para profesionales, cuando el valor estimado debería ser de al menos $20.000.

La crítica más dura apunta a la inacción y la falta de empatía de los organismos responsables. Si bien la gestión de los pagos y la actualización de aranceles recae en gran medida en el ámbito nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y el Nomenclador de Prestaciones Básicas, las autoridades provinciales no pueden desentenderse de la situación.

¿Qué rol están cumpliendo los políticos salteños?

En las últimas sesiones de diputados, senadores y concejales, durante los espacios destinados a las manifestaciones, ediles y legisladores remarcaron de la situación la falta de celeridad en las respuestas y las consecuencias que conlleva para este sector de la población. 

Los legisladores provinciales han recibido y se han reunido con representantes de las organizaciones de prestadores y familiares. Han tomado conocimiento de la grave situación y de las demoras en los pagos, tanto a nivel nacional como, en algunos casos, de la obra social provincial (IPS). Algunos han manifestado su apoyo a los reclamos y han instado al gobierno provincial a interceder ante las autoridades nacionales para lograr una solución a la crisis de financiamiento.

Es imperativo que el gobierno de Salta asuma un rol más activo como gestor y articulador, presionando a las instancias nacionales y buscando mecanismos paliativos que alivien la carga de los prestadores locales. ¿Dónde está la mesa de diálogo permanente? ¿Por qué no se anticipan estas crisis que son predecibles y recurrentes?

Consecuencias esperables 

La consecuencia más dolorosa de estos paros la sufren las personas con discapacidad. Cada día sin terapia, sin transporte adaptado o sin apoyo es un retroceso en su desarrollo, en su inclusión y en su bienestar. Las familias, ya de por sí sobrecargadas, se ven obligadas a reorganizar sus vidas, afrontar costos adicionales y lidiar con la angustia de ver vulnerados derechos fundamentales de sus seres queridos. Es una realidad inadmisible en una sociedad que se precie de ser justa e inclusiva.

Es hora de ir más allá de las promesas y los comunicados. Se necesita una política de discapacidad integral y sostenible, que garantice no solo el cumplimiento de la ley (que en Argentina es ejemplar en su marco normativo) sino también la financiación adecuada para su implementación. El sector de prestadores no puede seguir siendo el eslabón más débil de la cadena, forzado a la mendicidad y al paro para hacer valer sus derechos y, por extensión, los de las personas con discapacidad. 

El gobierno provincial y nacional al igual que la sociedad tienen una deuda histórica y moral con este sector. Es fundamental sentarse a dialogar de manera seria y comprometida, con soluciones concretas y un cronograma de cumplimiento. La discapacidad no puede ser una variable de ajuste presupuestario ni una moneda de cambio político. Es un derecho humano inalienable que exige respeto, presupuesto y una gestión a la altura de las circunstancias. El bienestar de los salteños con discapacidad no puede seguir esperando.