Vóley, fondos y silencios: nuevas medidas judiciales reavivan el escándalo que involucra a Chibán y Milinkovich

Mientras el gobierno guarda silencio, la Justicia impone medidas de protección a las mujeres que denunciaron coacción e irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro del vóley salteño. Chibán, titular de la Agencia Salta Deportes, y Milinkovich, entrenador de Salta Vóley, vuelven al centro de la polémica.

La presentación fue realizada por dos mujeres vinculadas a la Asociación de Vóley de Salta, quienes señalaron haber sido víctimas de coacción y amenazas en el contexto de su participación institucional. Las denunciantes también apuntaron a presuntas irregularidades en el uso de recursos estatales asignados al desarrollo del vóley local.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, a cargo interinamente de la Fiscalía Penal 2, dispuso la apertura de una averiguación preliminar por la posible comisión del delito de coacción. Además, solicitó al Juzgado de Garantías una serie de medidas de protección para resguardar la integridad de las denunciantes: prohibición de acercamiento y de contacto directo o mediático, así como custodia policial en sus domicilios y lugares de trabajo durante un período inicial de 30 días.

Un golpe a la confianza institucional

El caso no solo plantea la necesidad de una investigación transparente, sino que también representa un duro golpe a la imagen pública del gobierno de Salta. La Agencia Salta Deportes, liderada por Chibán, fue concebida como un espacio para promover la inclusión, la transparencia y la excelencia en el deporte. Hoy, enfrenta el desafío de dar explicaciones en medio de sospechas que afectan su credibilidad.

La figura de Marcos Milinkovich, sumado a la exposición pública de Chibán como funcionario de confianza del Ejecutivo provincial, agrava el escenario. La denuncia, además de contener elementos de gravedad penal, pone en jaque la coherencia del discurso oficial en materia de ética pública y gestión institucional.

El silencio del Ejecutivo ante este tema ha comenzado a generar malestar en sectores sociales y deportivos, que reclaman definiciones claras y medidas ejemplares. Las acusaciones, aún en etapa inicial, no solo comprometen la gestión deportiva, sino que arrastran el prestigio de una política que ha intentado mostrarse como moderna y cercana a la ciudadanía.

Una oportunidad para actuar con firmeza

En momentos en los que la sociedad exige transparencia, estos hechos ponen a prueba la voluntad del gobierno provincial de actuar con firmeza ante posibles actos de corrupción y abuso de poder. La actitud que adopte el Ejecutivo en los próximos días será clave para recomponer la confianza ciudadana y garantizar que el deporte, en Salta, no se vea transformado en un campo más de impunidad y manejo discrecional.