




En dialogo con Joaquín Morales Solá, la líder de Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, deslizó que una de las principales responsables del escándalo cripto fue la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a quien caracterizó como “la cajera”.
“Como dije en 2003 que la cajera era De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, advirtió a modo de resaltar sus enfoques. La definición llegó luego de ser consultada por el escándalo cripto que involucró a la cúpula del Ejecutivo, tanto al Presidente como a Karina Milei. “Es una estafa piramidal. Se benefician los Milei. Por eso [Hayden Mark] Davis dice que la plata era de la Argentina, ¿de qué Argentina? De Milei”, sostuvo la exdiputada.
La nacida en Resistencia, Chaco, evaluó que no sería necesario iniciar un pedido de juicio político al Presidente ”como no se lo pedí a Néstor Kirchner en 2004 cuando teníamos un informe sobre la obra pública”, dijo- pero aseguró tener testimonios de testigos sobre hechos de corrupción sucedidos en la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) y mencionó que estaría relacionado con $LIBRA. “Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero (…) Esto va a salir después por el exterior (…) No será ahora, será el año que viene”, estimó.


Carrió deslizó que una de las principales responsables del escándalo cripto fue la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a quien caracterizó como “la cajera”. “Como dije en 2003 que la cajera era De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, advirtió y apuntó contra el Presidente: “Lo veo autoritario”.
Candidata a diputada
La referente de la Coalición Cívica dijo además que se presentará por la provincia de Buenos Aires y ratificó a Paula Oliveto como legisladora por la Capital.
Carrió, que ya fue diputada nacional en tres periodos distintos y que había considerado alejarse de la función pública en 2020, estimó necesaria su presencia en la Cámara baja ante la posibilidad de tener que tomar decisiones en una eventual crisis política y económica y ante el envío de un nuevo acuerdo con el FMI al Congreso, que el Gobierno busca conseguir en los próximos meses.



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