Ajuste en jaque: la contundente medida de fuerza que frenó la desregulación portuaria

La masiva e implacable organización de los trabajadores logró lo que parecía imposible: el gobierno de Javier Milei debió dar marcha atrás y suspender los efectos del polémico decreto de desregulación del servicio de practicaje en las aguas argentinas. La medida de fuerza, que paralizó por completo la actividad y mantuvo a más de 185 buques varados en los principales puertos del país, demostró la fuerza del sector gremial frente a una administración central que, acorralada por el colapso exportador y el riesgo de desabastecimiento, se vio obligada a recular y sentarse a negociar.

El conflicto, desatado tras la firma del Decreto 690/2026 por parte del Presidente y el ministro Federico Sturzenegger, intentaba dinamitar un régimen histórico bajo la excusa de la libre competencia. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores fue inmediata y categórica: paralizar los puertos argentinos desde el Gran Rosario hasta la Patagonia, poniendo en jaque el comercio exterior y el suministro interno de combustibles. Ante la firmeza de la protesta, el Ejecutivo tuvo que deponer su actitud intransigente, suspender la normativa y abrir una mesa de trabajo conjunta para revisar cada uno de los puntos cuestionados.

Los trabajadores que llevaron adelante la medida de fuerza son los prácticos de puerto (o capitanes prácticos), y se dedican a la asistencia, conducción y asesoramiento técnico de los buques de gran porte cuando estos deben ingresar, salir o navegar por zonas complejas, estrechas o de poca profundidad —como los canales del Río de la Plata, el Paraná y los accesos a los distintos puertos marítimos y fluviales del país—.

Su labor es fundamental e insustituible para garantizar la seguridad de la navegación: debido a su profundo conocimiento práctico de las corrientes, mareas y características locales de cada zona, suben a bordo de los barcos extranjeros o nacionales para guiar a los capitanes y evitar accidentes, encallamientos o colisiones en la infraestructura portuaria.

Con más de 45 barcos acumulados solo en el polo exportador del Gran Rosario y las terminales energéticas de CADE totalmente frenadas —poniendo en riesgo el abastecimiento de nafta y gasoil en la Patagonia—, el Gobierno quedó sin margen de maniobra. La huelga de los capitanes prácticos de puerto no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de un modelo económico que prioriza la confrontación sectorial, sino que demostró que la organización gremial es la única herramienta eficaz para frenar los atropellos contra los derechos laborales y operativos. 

El entendimiento alcanzado contempla, además de la suspensión de la normativa oficial, una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. De este modo, los trabajadores lograron imponer sus condiciones, demostrando que la presión colectiva es indispensable para obligar al poder político a hacer lo correcto y defender la soberanía operativa de los puertos argentinos frente a la voracidad desreguladora.

El intento del Gobierno de desregular el servicio de practicaje a través del Decreto 690/2026 no busca beneficiar ni a la Argentina ni a los trabajadores del sector por múltiples razones estructurales, operativas y de soberanía.

Al flexibilizar los requisitos y permitir que capitanes sin conocimiento específico de la zona o incluso personal de fuerzas de seguridad realizaran tareas complejas sin la especialización adecuada, se exponía a los ríos, canales y puertos argentinos a un riesgo altísimo de accidentes, encallamientos de buques de gran porte y desastres ambientales de imprevisibles consecuencias.

La norma busca desarmar esquemas profesionales consolidados tras décadas, abriendo la puerta a una desregulación que precariza la labor de profesionales altamente formados, vulnerando derechos laborales y bajando estándares de seguridad en favor de una supuesta reducción de costos operativos para las grandes empresas.