Senadores concretan la donación del inmueble fiscal al Club de Autos de Colección

La desconexión entre las prioridades de la clase política y la agonía social de los sectores populares volvió a quedar formalmente sellada en el recinto legislativo. Luego de la sanción definitiva del expediente unificado Nº 90-29.981/21 y 91-53.503/25, en la sesión de hoy se comunca la autorización al ejecutivo para transferir el inmueble que la provincia le regaló al Club de Autos de Colección Salta un valioso terreno fiscal individualizado bajo la matrícula Nº 151.594 en el departamento Capital. 

Mientras miles de familias salteñas se hunden en el hacinamiento, alquilan por cifras confiscatorias o deambulan sin un techo propio debido a la absoluta inacción estatal en materia habitacional, el Ejecutivo y los legisladores se apuran a firmar escrituras de favor para complacer a los sectores más acomodados.

Esta cesión gratuita de tierras públicas desnuda la verdadera esencia de un modelo de gestión que gobierna primero para los ricos. Mientras para el pueblo trabajador la única respuesta oficial es la escasez, los desalojos violentos o planes de vivienda inaccesibles, los lobbies de coleccionistas y asociaciones selectas obtienen inmuebles estatales en bandeja de plata.

La transferencia de bienes públicos a manos privadas con fines recreativos de élite confirma que, en la Salta de los privilegios, el patrimonio de todos se rifa entre amigos del poder, dejando en evidencia la profunda inmoralidad de una dirigencia que usa el Estado como una inmobiliaria a medida de los sectores adinerados.

La misma vara para despojar y regalar

Este modus operandi elitista encuentra su espejo más cruel en el brutal ensañamiento contra las comunidades originarias de la provincia, evidenciado en la persecución y las intimaciones de desalojo que sufre la comunidad indígena Lule en Finca Las Costas. Bajo la cínica excusa de proteger una reserva natural, el Estado empuja a las familias ancestrales a demoler sus viviendas y las expulsa de su territorio histórico, aplicando todo el peso de la ley y la fuerza pública contra los más vulnerables.

Sin embargo, esa supuesta intransigencia ambiental y fiscal se desvanece por completo cuando se trata de hacer negocios con los poderosos: la misma administración que criminaliza a los pobladores originarios es la que avala entregar hectáreas protegidas en comodato al exclusivo Tigres Rugby Club o regalar inmuebles fiscales a clubes de coleccionistas de autos. La transferencia de bienes públicos a manos privadas para el ocio de las élites, combinada con el despojo sistemático de los sectores populares, confirma que en la Salta de los privilegios el patrimonio común se rifa entre amigos del poder, dejando al desnudo la profunda inmoralidad de una dirigencia que usa el Estado como una inmobiliaria a medida de los ricos.