La crisis económica empuja el desalojo de nichos en la capital salteña

Ante la imposibilidad de afrontar las tasas municipales, la Municipalidad de Salta desocupa entre 40 y 50 nichos por mes en los cementerios San Antonio de Padua y Santa Cruz, trasladando restos irreclamados a la fosa común tras años de morosidad y desatención estatal.

La recesión económica en la capital salteña alcanzó una escala de dramatismo institucional inédito que salpica la memoria de los difuntos. De acuerdo a datos confirmados por la administración de la Dirección de Cementerios de Salta, entre 40 y 50 nichos son desocupados de forma mensual en las necrópolis municipales San Antonio de Padua y Santa Cruz debido a la acumulación de deudas por tasas de mantenimiento y la falta de regularización de los permisos de uso por parte de los deudos.

El procedimiento administrativo se activa tras registrar dos años consecutivos de morosidad en el pago de mantenimiento o ante el vencimiento del permiso de concesión (que se renueva en lapsos de hasta cinco años). En lo que va del corriente año 2026, tan solo en el cementerio San Antonio de Padua se emitieron cerca de 8.000 notificaciones por falta de pago. No obstante, las autoridades ratificaron que más del 50% de las familias notificadas no logra o no decide regularizar la deuda con el erario municipal.

El protocolo municipal estipula que, tras la exhumación forzosa del nicho por morosidad, los restos recuperados son trasladados a un depósito provisorio donde permanecen resguardados por un plazo de 30 días corridos. Durante esa ventana temporal, los familiares pueden reclamar el cadáver cancelando la deuda acumulada o acreditando su traslado a otro sector, crematorio particular o parcela privada. De no mediar reclamo dentro de dicho plazo, los restos son arrojados de forma definitiva a la fosa común.

Desde el área administrativa justifican el ritmo de desocupaciones en la extrema saturación de espacios que sufren los cementerios públicos capitalinos, donde la demanda de sepulturas excede de manera crítica la capacidad edilicia existente. Sin embargo, el fenómeno pone de manifiesto cómo el ajuste económico generalizado empuja a las familias de menores ingresos a abandonar los permisos de conservación de sus seres queridos, mientras aumenta la tendencia a solicitar cremaciones o tolerar el desahucio municipal ante la falta de recursos para cubrir el costo de las tasas impuestas.