Tierras en manos extranjeras: Salta en el foco tras el fallo de la Corte

La soberanía territorial de la provincia vuelve a quedar a merced de los grandes capitales extranjeros tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal dejó vigente la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales —norma que establecía un tope histórico del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental— a través de un tecnicismo jurídico que desestimó la demanda del CECIM de La Plata por supuesta falta de legitimación, evitando expedirse sobre la inconstitucionalidad de fondo del artículo 154 del DNU 70/2023.

La validación judicial de este escenario desata una profunda alarma en territorio salteño, donde los catastros oficiales demuestran que la provincia ya se encontraba profundamente extranjerizada antes de este guiño judicial. Lejos de ser una abstracción legal, el impacto en los departamentos salteños es brutal: San Carlos lidera el ranking con un escandaloso 59,82% de su superficie rural en manos extranjeras, seguido muy de cerca por Molinos con un 57,79%. Completando el mapa de la concentración terrateniente, Guachipas alcanza el 33,84%, General Güemes el 28,82%, La Viña el 28,22%, Cerrillos el 24,63%, Orán el 23,28%, Cafayate el 23,11% y Chicoana el 16,04%, todos muy por encima del antiguo límite legal que ahora la Casa Rosada y la Justicia se encargan de sepultar.

El repudio social frente a esta entrega de los recursos naturales y la tierra productiva encuentra un correlato directo en el humor de la ciudadanía: un contundente 61,4% de los consultados expresó absoluta desconfianza hacia la Corte Suprema, un tribunal que una vez más le da la espalda a los intereses nacionales para convalidar la desregulación económica.

Entregar el control de los suelos productivos, los recursos hídricos y las zonas estratégicas del territorio salteño a manos extranjeras no solo consolida un modelo semicolonial, sino que expulsa a las comunidades locales, destruye las economías regionales y condena a las futuras generaciones a ser inquilinas en su propia tierra. Mientras la Corte se escuda en chicanas procesales para no debatir la constitucionalidad del despojo, Salta continúa cediendo hectáreas vitales bajo la cómplice mirada de una dirigencia que prefiere rifar la soberanía antes que defender el patrimonio federal.