El Hospital Papa Francisco exige seguridad tras el ataque a una médica

Un episodio de violencia extrema en el Hospital Papa Francisco volvió a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad institucional que padece el personal de salud en la capital salteña. La agresión física sufrida por una médica de guardia, a quien la hija de un paciente le fracturó la mandíbula de un golpe en pleno servicio, desencadenó un duro pronunciamiento por parte del gerente del establecimiento, el doctor Rodrigo Maroni.

El directivo denunció que lleva cuatro años exigiendo de manera infructuosa la asignación de una consigna policial permanente para resguardar a las más de 500 personas que trabajan en la institución, la cual constituye el único centro asistencial de alta complejidad ubicado fuera del macrocentro y que presta cobertura a una de las zonas con mayor densidad poblacional y vulnerabilidad socioeconómica de la ciudad.

El incidente marcó un límite inaceptable en una escalada de hostilidades que, según las autoridades del nosocomio, venía manifestándose en las ventanillas de admisión y en las salas de espera de urgencias. Maroni contrapuso la desprotección actual con el esquema operativo desplegado durante la emergencia sanitaria por la pandemia, momento en el que el hospital contaba con custodia continua e incluso presencia de efectivos de Infantería. El profesional reveló además que la administración del centro médico acondicionó un espacio físico dentro del propio predio para la instalación de un destacamento policial permanente, propuesta que nunca obtuvo respuesta favorable por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad.

A la ausencia de apoyo policial se suma el severo impacto del ajuste financiero en los servicios contratados de vigilancia privada. La planta de guardias dentro del hospital sufrió una drástica poda por razones presupuestarias, reduciéndose de ocho efectivos a solo dos agentes por turno para cubrir la totalidad de la infraestructura y el predio exterior. Esta merma de recursos deja al personal asistencial en una situación de "orfandad y angustia extrema", según definió el propio Maroni, al tratarse del segundo ataque físico de gravedad registrado en las instalaciones.

La indignación de la comunidad médica se profundizó tras el accionar de las fuerzas de seguridad posteriores al hecho. De acuerdo con el relato de la gerencia, la agresora no fue retenida ni puesta bajo custodia preventiva en el lugar tras perpetrar el ataque contra la profesional, sino que efectivos policiales la acompañaron de manera prioritaria a radicar una denuncia contra el propio personal del nosocomio. El hecho reavivó los reclamos de los gremios del sector sanitario, que exigen medidas de protección inmediatas y sanciones severas para frenar los ataques contra médicos y enfermeros en los hospitales públicos salteños.