Universitarios marchan en Salta tras denunciar sueldos de 300 mil pesos

El conflicto entre el sistema universitario nacional y el Poder Ejecutivo alcanzó un punto de máxima tensión en la provincia. En el marco de la Marcha Federal Universitaria, la comunidad académica de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) vuelve a tomar las calles para repudiar el ahogo presupuestario y el constante deterioro de sus ingresos. La secretaria general de ADIUNSa, Pamela Pérez, lanzó un duro diagnóstico sobre el desinterés oficial frente a la crisis: "Con un salario de $300.000 no vive nadie", advirtió al exponer la dramática situación de los docentes que recién ingresan a la carrera académica.

La medida de fuerza, organizada conjuntamente por gremios docentes, no docentes, agrupaciones estudiantiles y autoridades de la UNSa, incluye un paro general y la suspensión de actividades desde las 16 horas. La concentración principal está prevista para las 17 en el Monumento 20 de Febrero, desde donde las columnas marcharán hacia el centro capitalino para realizar un acto central a las 19 en la plaza 9 de Julio. El reclamo central exige la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma promulgada hace un año pero trabada por recursos judiciales ante su recurrente incumplimiento estatal.

Las cifras expuestas por la dirigente gremial desnudan la magnitud del ajuste aplicado sobre los trabajadores de la educación superior. Tras el rechazo de CONADU Histórica al piso salarial del 3% acordado por otras federaciones en septiembre, el retraso acumulado del sector alcanzó un piso del 40% frente a la inflación oficial.

Según detalló Pérez, la deuda salarial del Gobierno con cada trabajador universitario equivale hoy a cuatro sueldos completos, mientras un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple apenas percibe un haber básico de $300.000 mensuales, obligando a los profesionales a fragmentarse en múltiples empleos precarizados para subsistir.

El congelamiento de partidas no solo liquida el poder adquisitivo docente, sino que asesta un golpe estructural a la calidad de la enseñanza y al desarrollo científico. Al tener que repartir su tiempo laboral entre distintas instituciones privadas o actividades informales, el personal académico ve jaqueadas sus tareas de investigación, extensión y gestión. Esta realidad se suma a la drástica licuación de las becas estudiantiles, una barrera decisiva que empuja a miles de jóvenes —especialmente a aquellos del interior salteño que deben afrontar alquileres y transporte— a abandonar sus estudios de grado.

Un reclamo social que excede a las aulas de la universidad

Frente a las críticas por los paros, la dirigencia de ADIUNSa aclaró que las medidas buscan visibilizar una emergencia que el Ministerio de Capital Humano se niega a canalizar mediante el diálogo paritario. Los docentes recordaron que la Ley de Financiamiento no busca aumentos extraordinarios, sino recuperar los niveles salariales y operativos vigentes en noviembre de 2023. La falta de respuestas satisfactorias y la ausencia de interlocutores oficiales obligaron a la comunidad universitaria a apelar a las calles para defender el patrimonio científico de la región.

La movilización fijada para este jueves contará además con el respaldo activo de partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos de la provincia, ratificando que la defensa de la universidad pública es una causa ciudadana transversal. Con columnas saliendo desde el campus de Castañares y diversos puntos de la capital, el sistema universitario salteño busca enviar un mensaje contundente al Ejecutivo nacional: sin salarios dignos ni presupuesto para la formación profesional, el desarrollo estratégico del Norte Grande queda herido de muerte.