Intiman a demoler viviendas de la comunidad Lule en Finca Las Costas

La doble moral y el clasismo institucional del poder político salteño volvieron a quedar expuestos con extrema crudeza en las tierras de Finca Las Costas. Mientras la Secretaría de Ambiente de la Provincia intimó de manera perentoria a más de 20 familias de la comunidad indígena Lule a paralizar y demoler sus viviendas en un plazo de 25 días —bajo la cínica amenaza de ejecutar el desalojo por la fuerza pública—, el propio Estado provincial demuestra una escandalosa flexibilidad cuando los beneficiarios de los terrenos fiscales pertenecen a las élites económicas y deportivas de la capital.

La emboscada administrativa contra las familias originarias se ampara en una medida cautelar dictada hace seis años por la jueza María Villagrán y en argumentos ambientales que pretenden responsabilizar a los pobladores ancestrales de una supuesta contaminación. Sin embargo, el relato oficial se desmorona al comprobar que la supuesta intangibilidad de la reserva hídrica —creada por decreto y convertida en una cáscara vacía tras 31 años de incumplimiento del Plan Integral de Manejo— se desvanece mágicamente cuando se trata de hacer negocios con amigos del poder. El ejemplo más obsceno es la reciente autorización legislativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz para entregar en comodato al menos nueve hectáreas de ese mismo territorio protegido al exclusivo Tigres Rugby Club.

La utilización del aparato estatal como un ariete de despojo contra los sectores vulnerables desnuda un entramado de persecución donde los derechos territoriales indígenas son pisoteados bajo el ropaje de una falsa defensa ecológica. Mientras se persigue penal y administrativamente a pobladores que solo buscan resguardar el techo de sus hijos frente al crecimiento descontrolado de urbanizaciones privadas de lujo en San Lorenzo Chico, la corporación política convalida negociados inmobiliarios y cesiones a instituciones selectas que depredan el cordón hídrico sin consecuencias.

La complicidad judicial y fiscal —evidenciada en dictámenes que buscan deslegitimar la identidad ancestral de la comunidad tildándola de "impostada"— confirma que en la Salta de los privilegios la ley se aplica con todo el peso sobre los de abajo, mientras se hace la vista gorda ante los poderosos. Desalojar a familias originarias para privilegiar a clubes de élite o desarrolladores inmobiliarios no es proteger el medio ambiente: es un acto de despojo colonial que expone la verdadera cara de una gestión gubernamental insensible, elitista y dispuesta a expulsar a los salteños de sus propias tierras para complacer a unos pocos adinerados.