Habilitan a empresas privadas a alterar el clima sin controles ambientales

Con la excusa de la desregulación aerocomercial, el Gobierno nacional legalizó el uso comercial de la modificación artificial del clima mediante la ANAC, dejando la siembra de nubes y el uso de yoduro de plata en manos de empresas privadas sin exigir estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas.

Bajo la premisa de la desregulación económica y la libre empresa, el Gobierno nacional dio un paso de alta gravedad institucional y ambiental al habilitar formalmente la comercialización de técnicas de modificación artificial del clima en todo el territorio argentino. A través de la Resolución 313/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) —que reglamentó el marco trazado por el Decreto 599/2024—, la siembra de nubes, la dispersión de niebla y la prevención del granizo fueron incorporadas formalmente como "trabajos aéreos" reconocidos, abriendo las puertas para que firmas privadas operen libremente sobre el espacio aéreo mediante la obtención de un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA).

La normativa oficializó una práctica que ya acumulaba antecedentes sin fiscalización, como las pruebas llevadas a cabo en la provincia del Chaco por la firma chilena Mettech S.p.A., dedicada a la estimulación de lluvias mediante generadores terrestres de yoduro de plata en establecimientos agrícolas privados. Hasta la fecha, al menos seis sociedades comerciales (entre las que destacan South American Weather Consultants S.A., Lindera S.A. y Pacific Ocean S.A.) ya adaptaron sus estatutos sociales para explotar económicamente la alteración del tiempo en favor de intereses corporativos.

La habilitación de este mercado aéreo encendió alarmas en organizaciones ambientalistas, sectores científicos y comunidades agrícolas del interior. El aspecto más crítico de la medida radica en el absoluto vacío regulatorio ambiental: la ANAC no exige la presentación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la realización de audiencias públicas territoriales ni el consentimiento de los municipios y provincias sobre las cuales se esparcen sustancias químicas como el yoduro de plata, cuyos efectos acumulativos sobre los recursos hídricos, humedales y suelos de producción agrícola siguen bajo severo cuestionamiento.

A la falta de controles biológicos se le suma la opacidad transaccional. La normativa no obliga a las prestatarias ni a la autoridad aeronáutica a publicar qué productores o grupos corporativos contratan el servicio, en qué coordenadas específicas vuelan las aeronaves ni cuándo se activan los generadores. Mientras la Organización Meteorológica Mundial (OMM) insiste en la escasa efectividad de estas técnicas para revertir sequías severas y reclama evaluaciones científicas rigurosas, el Estado argentino optó por privatizar el manejo del recurso atmosférico, convirtiendo el agua de lluvia en una variable de especulación privada al servicio de quien pueda pagarla.