La intervención judicial frenó el paro de anestesistas en los hospitales públicos

Tras la paralización de cirugías programadas en los centros de salud públicos de la provincia, una acción judicial del Gobierno obligó a la Asociación Salteña de Anestesia a levantar las medidas de fuerza, aunque el entendimiento solo garantiza las operaciones de forma precaria hasta el 30 de noviembre.

El severo cuadro de parálisis que afectó durante semanas a los quirófanos de la salud pública salteña sumó una tregua provisoria dictada en los tribunales. Tras una presentación judicial articulada por la Fiscalía de Estado para frenar el corte de prestaciones de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), las partes acordaron la reanudación inmediata de las cirugías programadas en los hospitales de la capital y el interior provincial, aunque el compromiso fijó una estricta vigencia límite hasta el próximo 30 de noviembre.

El conflicto —que enfrentó públicamente al ministro de Salud, Federico Mangione, con la conducción de los anestesistas encabezada por Luciana Andolfi— derivó en un virtual colapso de las agendas quirúrgicas en centros neurálgicos como los hospitales San Bernardo, Materno Infantil y las cabeceras regionales de Orán y Tartagal desde mediados de octubre. Mientras el Ejecutivo acusó a la corporación médica de aplicar chantajes financieros, desde la entidad gremial denunciaron retrasos de hasta cinco meses en el cobro de prestaciones efectivamente auditadas y reclamaron la actualización de honorarios atada a los acuerdos paritarios generales del sector público.

El acta firmada en sede judicial impuso la creación de una mesa técnica de negociación integrada por el Ministerio de Salud, representantes con capacidad de decisión del Ministerio de Economía y delgados de la ASAAR. Sin embargo, el entendimiento no acredita la resolución de las diferencias de fondo sobre el monto real de los desembolsos pendientes ni el valor de la hora médica, dejando el restablecimiento del servicio supeditado a que la negociación logre cerrar un esquema definitivo antes de fin de mes.

Para miles de pacientes sin cobertura privada que vieron postergadas sus intervenciones electivas y tratamientos de mediana complejidad durante semanas, el dictamen judicial actúa como un paliativo temporal que no despeja la vulnerabilidad estructural del sistema público. Si para el 1 de diciembre el Ejecutivo y los profesionales no arriban a un acuerdo arancelario sostenible, el conflicto volverá a foja cero, arrastrando nuevamente a los usuarios de los hospitales a ser rehenes de la disputa económica entre el Estado provincial y las corporaciones médicas.