Reforma laboral y sindicatos: la sociedad le soltó la mano a la caja sindical

Una nueva encuesta nacional muestra que el modelo gremial argentino perdió la licencia social: 7 de cada 10 personas quieren que la cuota sindical deje de ser obligatoria y más de la mitad está a favor de una reforma laboral profunda. El dato golpea de lleno a la CGT y complica al peronismo, mientras Milei lee los números como respaldo a su agenda de “motosierra”.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de noviembre, elaborado por Zentrix Consultora, trae una bomba para el mundo sindical: el 67,5% de los argentinos respalda que los aportes sindicales dejen de ser obligatorios y pasen a ser voluntarios.

Si a eso se suma a quienes se declaran “neutrales” o dicen que el tema no les importa demasiado, el universo de personas que no se opone a cambiar el sistema trepa al 82,2%. Solo un 17,8% defiende el esquema actual, donde los descuentos llegan en forma compulsiva todos los meses al recibo de sueldo.

Dicho en criollo: ocho de cada diez argentinos están dispuestos a cambiar un sistema que fue intocable durante décadas y que alimentó las cajas de una dirigencia sindical cada vez más alejada de la realidad de los laburantes.

El consenso incómodo: oficialistas y opositores, de acuerdo

Lo más incómodo para la política es que este rechazo a la obligatoriedad de la cuota sindical no es patrimonio de un solo espacio.

El estudio muestra que tanto entre quienes apoyan al Gobierno nacional como entre los votantes opositores predomina el acuerdo con que los aportes sean voluntarios.

En un país donde ya no hay casi nada que no se discuta en clave de grieta, las cuotas sindicales son una rara excepción: ahí, el enojo es transversal. Para el oficialismo libertario, el número funciona como espaldarazo al discurso anti-casta. Para el peronismo, en cambio, es una mala noticia: la desconfianza hacia los gremios también crece adentro de su propia base sociológica, donde la negatividad hacia los sindicatos llega al 30,2%.

Sindicatos: mucho poder, poca legitimidad

La encuesta pone números a una sensación generalizada: los sindicatos ya no representan lo que dicen representar.

Solo un 15,2% de los consultados tiene una imagen positiva del sindicalismo, contra un 63,9% que declara una valoración negativa. No se trata solo de ideología: pesa fuerte la percepción de estructuras burocráticas, eternizadas en el poder y desconectadas de los problemas cotidianos.

La foto es brutal: mientras los gremios cierran acuerdos, negocian con los gobiernos de turno y llenan actos, su legitimidad ante la sociedad está en el piso. El contraste entre el peso histórico de la CGT y la CTA y la confianza real que generan hoy es el corazón de la crisis.

Reforma laboral: mayoría social para el cambio

En ese contexto, la propuesta de “modernizar” las normas laborales ya no suena a herejía. Según el MOP, el 55% de los argentinos está a favor de actualizar o reemplazar la normativa vigente.

La lectura es clara: la estructura laboral actual se percibe como rígida, vieja y fuera de época. Y la demanda de cambio no viene solamente agitada por Milei desde el atril, sino que aparece como un diagnóstico social más profundo sobre cómo se trabaja, cómo se contrata y cómo se despide en la Argentina de hoy.

Que esa mayoría social termine o no convirtiéndose en votos y en leyes, es otra discusión. Pero los números muestran que la ventana de oportunidad para una reforma laboral existe. La pregunta es quién se va a animar a pagar el costo político de avanzar en serio.

Inflación en baja… en el podio de las preocupaciones

Otro dato llamativo del estudio es el reacomodo de las preocupaciones. La inflación –histórico monstruo argentino– ya no ocupa el primer lugar: solo el 5,1% la señala como el problema más importante del país.

El ranking lo encabeza la situación económica general (30,7%), seguida por la corrupción (22,6%) y el desempleo (13,1%). Más atrás aparecen educación (8,9%), inseguridad (8,3%) y narcotráfico (7,5%).

La gente no sólo mira los precios del súper, también mira a la clase dirigente. Y en ese combo de bronca por la economía y hartazgo por la corrupción se entiende mejor el rechazo al sistema sindical tal como está: para buena parte de la sociedad, los gremios también son parte de esa “casta” que vive de un sistema que ya no funciona.

Milei sube, Kicillof cae y Santilli aparece en escena

En el tablero de dirigentes, la encuesta también muestra movimientos.

Javier Milei mejora su imagen: la positiva sube de 35,5% a 40,5%, mientras que la negativa baja de 59,9% a 51,9%. El efecto post legislativas de octubre, donde el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso, se hace sentir. El Presidente consolida su núcleo duro sin enamorar a los que lo miran de reojo.

Axel Kicillof, al revés: su imagen positiva cae de 43,9% a 38,6% y la negativa sube a 53,2%. El resultado adverso en la provincia de Buenos Aires pega de lleno en quien se perfilaba como principal figura opositora.

Diego Santilli, flamante ministro del Interior, aparece con 38,8% de imagen positiva y 49,2% de negativa, con altísima valoración entre los votantes oficialistas y fuerte rechazo del electorado opositor.

En el resto del pelotón (Karina Milei, Ramiro Marra, Pedro Rosemblat, Tomás Rebord, Daniel Parisini) se mezcla desconocimiento, polarización y perfiles en construcción, más propios de la nueva política mediática que de la rosca tradicional.

En paralelo, la confianza en el INDEC empieza a levantar cabeza: el 37,2% dice confiar en las cifras oficiales, contra un 59,2% que sigue desconfiando. Lento, pero al menos hay una curva que deja de caer.

 
¿Fin del blindaje sindical?

Con este cuadro de situación, la discusión sobre reforma laboral y aportes gremiales ya no se limita al choque entre la Casa Rosada y la CGT. La sociedad parece haber tomado partido antes que la política.

Que el 82,2% no se oponga a cambiar el sistema de cuotas sindicales y que solo uno de cada seis argentinos tenga una buena imagen de los sindicatos muestra que el blindaje histórico del modelo está resquebrajado.

Para el Gobierno de Milei, los números funcionan como argumento para profundizar su cruzada contra “los privilegios de la casta sindical”. Para el peronismo, especialmente para los gobernadores y legisladores que dependen de la estructura gremial, el dato es un dolor de cabeza: defender a los sindicatos como están hoy puede costar caro en las urnas.