Milei lanza una ofensiva para desmantelar la Ley de Glaciares

El presidente Javier Milei ha lanzado una ofensiva directa contra la Ley de Glaciares que amenaza las reservas estratégicas de agua dulce del país, en lo que críticos han calificado como un "Saqueo en el Siglo XXI". 

La jugada se enmarca en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, impulsado por el interés de Donald Trump en asegurarse el suministro de minerales críticos. El objetivo central es destrabar obstáculos normativos para la explotación de cobre, mineral que concentra el 75% de las inversiones comprometidas en el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y donde Argentina posee 4 de los 12 mayores proyectos greenfield del mundo.

Para facilitar el avance del extractivismo, Milei anunció que enviará al Congreso una nueva ley para "devolver el federalismo a las provincias", permitiendo que sean ellas quienes determinen la "zona periglaciar" y, de facto, la autoridad de aplicación de la norma. Esta delegación es vista como un "consenso extractivista" entre los partidos patronales.

Gobernadores de provincias mineras, como Orrego de San Juan, ya reclamaron una nueva ley o un decreto reglamentario que les dé la potestad de precisar dónde se puede o no hacer minería, facilitando operaciones sujetas hoy al riesgo de paralización judicial y que demandan miles de millones de dólares.

Los glaciares y las áreas periglaciares son considerados reservas estratégicas de agua dulce para el consumo humano y los ecosistemas. Al amenazar estas fuentes hídricas esenciales, las actividades riesgosas comprometen la disponibilidad futura de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, que son componentes clave del derecho humano al agua.

Esta embestida contra la ley tiene raíces geoestratégicas: mientras el 82% del stock de cobre mundial pertenece a China y el 14% a Rusia, Estados Unidos, bajo la influencia de Trump, busca expandir su lista de “minerales críticos” para incluir al cobre. Sin embargo, la modificación desató la alarma ambiental. Agostina Rossi Serra, especialista de Greenpeace Argentina, advirtió que es un “ataque directo al agua de los argentinos”, y que el "retroceso ambiental" que plantearía el cambio legislativo pondrá en riesgo el acceso al recurso hídrico para millones de personas al debilitar la protección sobre los glaciares y el ººambiente periglaciar.

El gobierno nacional, con la prioridad del pago de la deuda externa, busca acelerar políticas que promuevan la primarización de la economía a través del extractivismo, incluso si esto genera "zonas de sacrificio ambiental". El presidente estigmatizó a los ambientalistas señalando que "prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo".