La sospecha como estrategia: Zapata y una acusación que expone sin probar

La reciente denuncia pública del diputado nacional libertario por Salta, Carlos Zapata, volvió a colocar a la Provincia de Salta bajo la lupa institucional. El legislador hizo circular en grupos de WhatsApp que la ex diputada nacional Pamela Calletti habría viajado a Buenos Aires en el avión sanitario provincial para asistir a su jura como integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), un hecho que, de confirmarse, implicaría un uso impropio de un recurso crítico del Estado.

Zapata difundió en redes sociales un plan de vuelo de la aeronave sanitaria, sugiriendo que el traslado coincidió temporalmente con el acto institucional en el que Calletti asumió su nuevo cargo. Sin embargo, no existe hasta el momento confirmación oficial sobre la identidad de los pasajeros, ni documentación pública que certifique que la ex diputada haya formado parte de ese vuelo.

Más allá de los nombres propios, la denuncia interpela directamente a la administración provincial. El avión sanitario es un recurso estratégico destinado a emergencias médicas, derivaciones críticas y situaciones de urgencia, cuya disponibilidad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por eso, cualquier sospecha de utilización con fines políticos, administrativos o personales impacta de lleno en la credibilidad del Estado provincial y en la confianza pública sobre el manejo de bienes que son financiados por todos los salteños.

Indicios, pero sin prueba concluyente

El material exhibido por Zapata —un plan de vuelo— no identifica pasajeros ni especifica el motivo sanitario del traslado, por lo que no constituye una prueba directa de un uso irregular. En términos institucionales, la acusación permanece en el plano del señalamiento político mientras no exista información oficial que confirme o descarte la presunta irregularidad.

No obstante, la ausencia de aclaraciones formales por parte del Gobierno provincial o del área de Salud alimenta la controversia y deja abierta una zona gris que debilita la posición institucional de la Provincia.

El silencio oficial y la responsabilidad política

Hasta ahora, ningún organismo provincial salió públicamente a explicar el motivo del vuelo, su justificación médica ni quiénes fueron trasladados. Ese silencio no sólo deja expuesta a la Provincia frente a una denuncia de alto impacto, sino que también traslada el debate al terreno de la especulación, donde la política suele imponerse a los hechos.

En un contexto nacional de ajuste, control del gasto y fuerte discurso contra los privilegios, la sola posibilidad de un uso discrecional del avión sanitario golpea la imagen institucional del Estado salteño, aun cuando no esté probada.

Una disputa política con costo institucional

La denuncia de Zapata se inscribe en una disputa política más amplia, pero su efecto colateral es claro: la Provincia queda involucrada en una controversia que exige respuestas formales, transparentes y documentadas.

Si el vuelo tuvo una justificación sanitaria legítima, corresponde que el Gobierno lo aclare. Si no la tuvo, el episodio debería derivar en explicaciones administrativas y, eventualmente, responsabilidades políticas.

Mientras eso no ocurra, la discusión seguirá girando entre sospechas, operaciones y silencios incómodos, con un denominador común: el deterioro de la confianza en el uso de los recursos públicos provinciales.