El nuevo esquema de la SIDE habilita inteligencia militar sobre civiles

Un comunicado firmado por Javier Milei como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas reintroduce facultades de inteligencia y aprehensión en tiempo de paz. El texto revive lógicas de la doctrina de seguridad nacional y enciende alarmas sobre el rumbo institucional del Gobierno.

Un documento oficial fechado el 2 de enero de 2026, identificado como Comunicado 941, expone un giro de enorme gravedad institucional en el sistema de inteligencia argentino. Bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Gobierno nacional habilita a las Fuerzas Armadas y a organismos de inteligencia militar a producir información sobre organizaciones no estatales y a proceder a la aprehensión de personas en tiempo de paz.

El texto, firmado por el presidente Javier Gerardo Milei en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, establece que los “elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas” podrán actuar aun fuera de escenarios bélicos y que la SIDE podrá requerir asistencia técnica y logística militar para esas tareas.

Pero el punto más sensible aparece en el párrafo final: se autoriza explícitamente al personal de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, fuerzas federales y policías —integradas en la Comunidad de Inteligencia Nacional— a aprehender personas.

La redacción es escueta, burocrática y deliberadamente ambigua. No define límites, no establece controles judiciales explícitos ni distingue con claridad entre amenazas externas y actores internos. En otras palabras: habilita un terreno gris donde la inteligencia militar vuelve a mirar hacia adentro.

Un retroceso que la democracia había cerrado

Desde la recuperación democrática, Argentina construyó un consenso básico: las Fuerzas Armadas no intervienen en seguridad interior ni en inteligencia sobre civiles. Ese principio fue plasmado en la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional, justamente para evitar la repetición de prácticas que derivaron en terrorismo de Estado.

El Comunicado 941 no deroga esas leyes, pero las bordea peligrosamente, reinstalando una lógica que remite a los años en que la “subversión” era una categoría elástica que justificaba espionaje interno, persecución política y detenciones ilegales.

Que esta decisión se formalice en tiempo de paz y sin debate parlamentario agrava aún más el cuadro.

Milei, el poder y el enemigo interno

El giro en la SIDE no puede leerse de manera aislada. Se produce en un contexto donde el propio presidente viene señalando enemigos difusos: movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, periodistas críticos y opositores políticos, a los que suele caracterizar como “casta”, “parásitos” o “enemigos del cambio”.

En ese marco, la ampliación de las capacidades de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” no es una abstracción técnica: es una definición política.

El riesgo es evidente: que el aparato de inteligencia vuelva a ser utilizado como herramienta de disciplinamiento interno, bajo el argumento del orden, la eficiencia o la seguridad.

Silencio institucional

Hasta el momento, no hubo explicaciones públicas detalladas por parte del Poder Ejecutivo ni aclaraciones sobre los alcances reales del comunicado. Tampoco se informó si existirá control judicial efectivo o supervisión parlamentaria sobre estas nuevas atribuciones.

La pregunta que queda flotando es tan simple como inquietante. ¿Quién decide, bajo este nuevo esquema, quién es objeto de inteligencia y quién puede ser aprehendido?

En una democracia, esa respuesta no puede quedar librada a la discrecionalidad del poder ejecutivo ni a documentos administrativos firmados en silencio. Cuando la inteligencia vuelve a caminar sin límites claros, la historia argentina enseña que el costo siempre lo paga la sociedad.