Comisión de Diputados acusa a Milei por presunta estafa con $LIBRA y pide evaluar "mal desempeño"

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que los hechos en torno a la criptomoneda $LIBRA son compatibles con una presunta estafa (artículo 172 del Código Penal). El dictamen final señala que el presidente Javier Milei habría prestado una "colaboración imprescindible" para la ejecución de la maniobra fraudulenta.

La investigación determinó que Milei "promocionó esta moneda digital como una herramienta de inversión" a pesar de que se trataría de una memecoin diseñada para un fraude tipo "tirón de alfombra" (rug pull). Como prueba de un vínculo directo, se verificó que el Presidente difundió un número de contrato no público relacionado con $LIBRA sin ofrecer explicaciones sobre su origen.

El daño económico fue masivo: el informe detalla que 114.410 billeteras virtuales sufrieron pérdidas. Entre los afectados, 498 usuarios perdieron más de 100 mil dólares cada uno, mientras que solo 36 inversionistas obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares, demostrando una notable asimetría.

La Comisión advierte un modus operandi y un patrón de conducta que se repite en otras maniobras financieras como $KIP, CoinX y Vulcano, donde figuran recurrentemente los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El informe sugiere la presunta monetización de la imagen presidencial, con flujos de fondos detectados en la blockchain (transferencias de $300 mil y $250 mil) que coinciden con un supuesto acuerdo de cooperación.

Ante la alta gravedad institucional, la Comisión concluyó que Javier Milei y Karina Milei tienen "responsabilidad política" en los hechos. Por ello, recomendó al Congreso de la Nación evaluar si el Presidente incurrió en "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". Esta postura se refuerza con una resolución judicial en Nueva York que señaló a ambos como posibles titulares de los fondos obtenidos.

Finalmente, la Comisión decidió denunciar penalmente a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial que "sistemáticamente se negaron a colaborar", acusándolos de entorpecer la investigación y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.