Chicoana: Proponen que la Carta Orgánica financie a la Iglesia y exija un intendente católico

Una profunda controversia sacude a Chicoana tras conocerse el borrador de su nueva Carta Orgánica Municipal. El texto, impulsado por la Comisión de Culto, no solo propone que el Estado local mantenga el sostenimiento económico del culto católico apostólico romano, sino que, en un claro retroceso institucional, exige que el intendente "deba ser católico".

La polémica se agrava por el hermetismo con el que se llevan adelante las sesiones, lo que dispara reclamos de transparencia por parte de los vecinos. 

¿Estado laico o púlpito? Cuestionan retroceso institucional y discriminación religiosa

Mientras la Constitución Nacional establece el principio de la laicidad del Estado y garantiza la igualdad para todos los credos, el borrador de la Carta Orgánica de Chicoana parece ir en sentido contrario. El planteo, promovido por el convencional Walter "Bambino" Raposo, presidente de la Comisión de Culto, busca imponer a la religión católica como una condición política y una obligación financiera para el municipio.

Raposo defendió la propuesta en nombre de la "profunda fe católica" ligada a la tradición del pueblo. Sin embargo, otros convencionales y vecinos señalaron que una Carta Orgánica moderna debe garantizar la igualdad, no favorecer a un credo particular, y que es inadmisible exigir una religión específica como requisito para un cargo político en el siglo XXI.

La situación es doblemente crítica debido a la falta de transparencia en la que se desarrolla el proceso constituyente. El hermetismo con el que se están llevando adelante las sesiones, sin acceso a la prensa ni difusión pública, genera un fuerte malestar entre los vecinos, quienes temen que se estén incorporando artículos fundamentales "a espaldas del pueblo".

La polémica reflota un viejo debate sobre los límites del poder municipal: ¿puede un municipio legislar sobre la fe e imponer la religión como símbolo de identidad colectiva? Expertos señalan que la pretensión de imponer una sola fe contradice flagrantemente la Constitución y muestra una mirada cerrada sobre lo público. Si bien las tradiciones merecen respeto, la subvención obligatoria por parte del Estado y la condición política basada en la fe son un claro signo de anacronismo institucional en el Valle de Lerma.