Golpe parlamentario a Milei | Diputados rechazaron los vetos al Garrahan y a las universidades

En una jornada histórica que dejó al desnudo la fragilidad parlamentaria del oficialismo, la Cámara de Diputados de la Nación propinó un golpe contundente al presidente Javier Milei al rechazar los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario.

La sesión demostró que el Gobierno no solo perdió el control de la agenda legislativa, sino que también sufrió la fuga masiva de aliados y gobernadores que anteriormente garantizaban la gobernabilidad. La primera votación, referida al Hospital Garrahan, cosechó 181 votos afirmativos contra apenas 60 negativos, mientras que la insistencia en la ley universitaria obtuvo 174 votos a favor y 67 en contra, superando en ambos casos con holgura los dos tercios necesarios.

A pesar de los intentos desesperados de la Casa Rosada por contener la derrota mediante el reparto de 12.500 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional a provincias clave como Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe, los legisladores que responden a esos mandatarios optaron por la abstención o la ausencia, negándole el auxilio al Presidente. Incluso dentro del PRO las fisuras fueron evidentes, con figuras de peso como Silvia Lospennato votando en contra de los vetos y María Eugenia Vidal acompañando la emergencia pediátrica. Ahora, la palabra final la tendrá el Senado, donde los libertarios se encuentran en una posición de extrema debilidad y es casi un hecho que las leyes quedarán ratificadas definitivamente.

El debate estuvo cargado de reproches hacia la "insensibilidad total" del Ejecutivo frente al ajuste en salud y educación. Mientras referentes como Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo cuestionaron la falta de diálogo y el sacrificio de los sectores más vulnerables en nombre del equilibrio fiscal, el oficialismo defendió su postura calificando las leyes como "anclas" que hunden la economía. La victoria opositora no se detiene aquí, ya que tras este triunfo, la sesión continuó con el objetivo de limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y revisar polémicas normativas de desregulación impulsadas por el Gobierno, marcando lo que parece ser el inicio de una nueva etapa de resistencia parlamentaria.