¿De qué tratan las reformas laborales?

En épocas de reformas estructurales, los cambios en las normas que regulan el trabajo remiten, en esencia, a la distribución de la riqueza entre los factores de la producción —utilidades y salarios— y el Estado, a través del sistema impositivo. Pero también ponen en juego el poder de dirección del empleador y los límites que una sociedad democrática decide imponerle.

En determinados momentos políticos, estas reformas no se agotan en el plano laboral: alcanzan a la propia estructura democrática, al bienestar general, al empleo, a la paz social, al desarrollo económico y a la fiscalidad nacional, provincial y municipal. En el caso concreto de la Argentina actual, la anunciada Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei determinará el futuro de los servicios públicos, privados, sindicales y mixtos de salud y, cómo no, el de las presentes y futuras generaciones.

Democracia, trabajo y poder

La democracia es más plena cuando se dota a los trabajadores de competencias reales para negociar sus condiciones de trabajo; cuando rige la libertad sindical; cuando las reglas están inspiradas por pautas federales antes que unitarias; y cuando existen espacios legítimos para protestar y ejercer la huelga, dentro de un marco que pondera ese derecho con otros derechos fundamentales.

Si bien es cierto que las normas laborales no crean, por sí solas, puestos de trabajo, también resulta evidente que leyes, decretos o convenios colectivos inadecuados conspiran contra el empleo decente y alientan el trabajo no registrado. Numerosos expertos coinciden en que un marco legal moderno y equilibrado, adecuado a las necesidades tanto de trabajadores como de empleadores, puede fomentar la creación de más y mejor empleo en contextos de crecimiento económico y, bajo determinadas condiciones, atenuar los efectos de los ciclos recesivos.

El interrogante impositivo y el rol del Norte

Habrá que esperar a que el Gobierno nacional muestre sus cartas en materia de reforma impositiva para dimensionar su impacto real en términos de empleo y de localización productiva. También será clave observar qué comportamientos adoptarán las provincias y los municipios, cuyos trabajadores y productores se encuentran hoy abrumados por una carga impositiva inasumible, sostenida por tributos contrarios al empleo y a la competitividad, como Ingresos Brutos y Sellos.

Desafortunadamente —al menos hasta ahora— la Reforma Laboral impulsada por el oficialismo aparece centrada en una redistribución de recursos económicos y de poder en favor de los grandes empleadores. De aprobarse el texto presentado, nuestra democracia será más débil y se verá reforzado un vetusto modelo centralista de relaciones colectivas de trabajo.

Centralismo y desigualdad estructural

Este centralismo continuará castigando al Norte Grande Argentino cuando se trate de la fijación de condiciones laborales, incluidos los salarios. La mayoría de los sindicatos y cámaras empresarias del interior seguirán siendo meros receptores y transmisores de convenios y acuerdos sellados en Buenos Aires por los vértices tradicionales del poder.

Cuando esta lógica laboral centralizada se combina con el centralismo existente en materia de comercio exterior y con reglamentos productivos contrarios a las ventajas comparativas regionales —como ocurre, por ejemplo, con los topes a la producción de biocombustibles—, las consecuencias son conocidas: pobreza creciente, divergencia económica respecto de provincias como Córdoba, altos niveles de trabajo no registrado, baja productividad y una profunda inadecuación del sistema educativo y de capacitación.

Infraestructura, Estado y dirigencias

De nada sirve predicar modernización ni alentar la flexibilización de lo rígido si el Norte Grande Argentino no logra superar sus déficits históricos en infraestructura. Tampoco si sus dirigentes no son capaces de reformar los Estados provinciales para ponerlos al servicio del desarrollo, de la investigación, de la promoción del comercio transfronterizo —en particular en el área Centro Oeste Sudamericano, tal como lo explicó el GEICOS-FERINOA—.

A ello se suma la responsabilidad de las dirigencias sindicales, empresarias y universitarias, muchas veces incapaces de reconvertir ideas e instituciones para que Salta y el Norte ingresen al desarrollo con equidad y sin exclusiones.

Una reforma que no convence

Desde mi punto de vista, la Reforma Laboral Milei hará retroceder la democracia al restringir huelgas y protestas y al arrinconar a los sindicatos. No creará empleo en el Norte Grande Argentino —carente de infraestructura, capacidades y autonomías— ni desalentará la llamada “industria del juicio”, que en Salta, sencillamente, no existe. Aquí, desde la Secretaría de Trabajo hasta la Corte de Justicia, se mira con demasiada indulgencia el fraude laboral, mientras la morosidad judicial encarece el acceso a la justicia.

Los abusos en el ejercicio del derecho de huelga y de protesta, cuando existen, pueden moderarse mediante compromisos inspirados en los criterios del Comité de Libertad Sindical y a través de un fortalecimiento de la negociación colectiva descentralizada, capaz de regular conductas en contextos de conflicto.

Una salida política pendiente

Si Salta y las provincias del Norte lograran articular una coalición inteligente, con peso parlamentario propio, podrían bregar por esa descentralización, que supone reglas claras de articulación entre convenios de distintos ámbitos, el diseño de un marco autonómico de relaciones laborales y la reforma de la Ley de PYMES (24.467/1995) para ampliar los márgenes de disponibilidad colectiva.