Ratificaron la inhabilitación perpetua para "Kila" Gonza y deberá dejar su banca de concejal

En una resolución contundente, la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta ratificó este 16 de diciembre la condena contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, por delitos de corrupción. El fallo deja firme la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, lo que obliga al dirigente a abandonar el Concejo Deliberante, donde había asumido hace apenas una semana.

A pesar de haber sido condenado en 2022 por el fraude en el manejo de fondos del plan de viviendas "Una casa para tu hogar", Gonza aprovechó las instancias de apelación para competir en las elecciones de mayo y obtener una banca. El pasado 10 de diciembre, incluso llegó a presidir la sesión preparatoria del cuerpo deliberativo en medio de fuertes críticas, pero el "recreo" judicial se terminó este martes con la confirmación de la sentencia.

Fraude y peculado: los delitos confirmados

La Justicia encontró a Gonza culpable de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de servicios en concurso real. La investigación demostró la malversación de fondos públicos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales durante su gestión como intendente.

Aunque la pena es de tres años de prisión de ejecución condicional (por lo que no irá a la cárcel efectiva), el castigo civil es total. La inhabilitación perpetua implica:

• La privación inmediata del cargo de concejal, aunque haya sido elegido por el voto popular.
• La prohibición de por vida para ocupar cualquier función o empleo público.
• La privación del derecho electoral y la suspensión del goce de jubilaciones o pensiones civiles, que pasarán a sus beneficiarios legales.

El reclamo de la Fiscalía que agravó la situación

El caso dio un giro clave gracias a la apelación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC), quien sostuvo que los delitos no fueron simples "tentativas" (como se dijo en primera instancia), sino hechos consumados que provocaron un daño real y verificable al patrimonio del Estado.

El Tribunal de Impugnación coincidió con la fiscalía, revocó el beneficio anterior y dictó la responsabilidad penal definitiva. Junto a Gonza, también fue ratificada la condena para Sergio Armando, exfuncionario municipal, como partícipe necesario de las maniobras fraudulentas. Con este fallo, San Lorenzo cierra uno de los capítulos más polémicos de su historia política reciente.