Provincia presentó ante el Comité Nacional avances en la prevención de la tortura

El Gobierno de Salta expuso ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura los progresos logrados tras las recomendaciones de 2022. Se destacaron mejoras en la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de la atención sanitaria para internos y la capacitación permanente del personal en derechos humanos. 

Autoridades del Gobierno de la Provincia de Salta mantuvieron un encuentro con representantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La reunión se enmarca en las visitas e inspecciones que el organismo realiza para dar seguimiento a las recomendaciones que fueron formuladas a la provincia en el año 2022.

El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer la articulación interinstitucional entre el Ejecutivo Provincial, el Comité Provincial y el Comité Nacional, manteniendo un seguimiento permanente de las condiciones de alojamiento en los distintos lugares de detención. Participaron secretarios de áreas clave como Justicia, Derechos Humanos, Primera Infancia, Niñez y Familia, Personas Mayores, Salud Mental y Adicciones, además del subsecretario de Políticas Penales.

Avances en salud e infraestructura

Durante la jornada, las distintas áreas del Ejecutivo Provincial presentaron los avances logrados en la implementación de las recomendaciones. Uno de los puntos más destacados fue el fortalecimiento de la atención sanitaria en los establecimientos penitenciarios, que incluyó la puesta en funcionamiento de consultorios externos. También se informó sobre el proyecto para incorporar una sala de rayos X destinada específicamente a la atención de personas privadas de libertad.

En materia de infraestructura penitenciaria, se comunicaron mejoras significativas como la adecuación de la granja para mujeres en Rosario de Lerma y la reubicación de internos que se encontraban alojados en comisarías. Estas acciones forman parte de una política integral del Gobierno orientada a garantizar condiciones adecuadas de detención y promover la reinserción social de los internos. Finalmente, se subrayó la importancia de la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, una política sostenida para consolidar un servicio moderno y profesional.