Milei vetó el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei concretó el anunciado veto total a tres leyes clave aprobadas por el Congreso, que buscaban mejorar la situación de jubilados, reactivar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se basa en un contundente argumento fiscal: el Poder Ejecutivo sostiene que estas leyes tendrían un impacto de hasta el 6% del presupuesto actual, lo que haría inviable el cumplimiento de las metas de ajuste fiscal.

El veto presidencial recae sobre tres proyectos aprobados con amplio consenso en el Senado el pasado 10 de julio:

• Aumento a jubilados: Esta ley contemplaba un incremento del 7,2% para el sector pasivo, además de un bono actualizado, lo que hubiera significado una mejora significativa en la jubilación mínima.
• Moratoria previsional: De haber entrado en vigencia, la ley habría permitido que unas 220.000 personas que no cumplían con los 30 años de aportes necesarios pudieran acceder a la jubilación, un alivio para miles de futuros beneficiarios.
• Emergencia en discapacidad: Este proyecto buscaba regularizar los pagos, actualizar los honorarios de los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones no contributivas, medidas urgentes para un sector históricamente postergado.

Con el veto de Milei, la pelota vuelve al tejado del poder legislativo. Para que las leyes se conviertan en realidad, el Congreso debe revertir la decisión del Presidente, algo que, si bien es posible, es históricamente difícil de lograr.

El proceso para anular un veto presidencial requiere que el proyecto sea aprobado con una mayoría especial de dos tercios de los votos en ambas Cámaras (Diputados y Senadores). Si ambas cámaras logran esa mayoría, la ley es promulgada y el Presidente no puede volver a vetarla. Sin embargo, si al menos una de las cámaras no alcanza ese umbral, el veto se mantiene y los proyectos quedan archivados. La decisión política y el futuro de estas leyes que afectan a millones de argentinos dependen ahora de la voluntad de la mayoría calificada en el Congreso.