El Gobierno compra armas, pero le niega explicaciones a la sociedad

Mientras el Gobierno celebra la llegada de los primeros aviones de combate F-16 como un “hito histórico”, una pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿qué firmó exactamente el Estado argentino y por cuánto?. La compra de 24 aeronaves militares a Dinamarca, anunciada con épica y consignas patrióticas, avanza envuelta en un manto de opacidad que hoy ya está judicializada.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) encendió la alarma y fue más allá del comunicado: llevó el caso a la Justicia luego de que el Estado se negara a entregar el contrato completo, pese a un pedido formal de acceso a la información realizado por un periodista independiente.

El argumento oficial fue tan contundente como preocupante: todo el acuerdo estaría alcanzado por el “secreto militar”, invocando el Decreto 807/2024, lo que —en los hechos— bloquea cualquier control ciudadano sobre una de las operaciones de compra más relevantes de los últimos años.

Sin embargo, el propio documento de ACIJ recuerda algo elemental en cualquier república: no todo lo militar es secreto. La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública obliga al Estado a disociar la información sensible de aquella que puede y debe ser conocida, mediante el uso de tachas justificadas. No es opcional: es ley.

Millones públicos, control privado

La paradoja es evidente. El Gobierno ya difundió comunicados oficiales, fotos, fechas de llegada, declaraciones del presidente y del ministro de Defensa, e incluso el acuerdo con la empresa Terma para la modernización de las aeronaves. Es decir: hay información pública cuando conviene al relato, pero silencio cuando se pide el contrato completo.

Para ACIJ, la negativa es arbitraria. Y no está sola en esa lectura. El Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal recomendó hacer lugar a la demanda y ordenarle al Estado que entregue la información, remarcando que no se demostró cómo todas las cláusulas afectarían la defensa nacional.

Un fallo que puede sentar precedente

El expediente (CAF 22827/2024) espera definición en la Sala IV de la Cámara, y su resolución puede marcar un antes y un después. En Argentina no existen antecedentes claros sobre los límites del secreto militar frente al derecho ciudadano a saber. Lo que se decida aquí impactará directamente en cómo se controlan las compras del Estado, especialmente en áreas sensibles y multimillonarias.

La advertencia de ACIJ es directa y política: no se puede aceptar que cualquier decisión del Ministerio de Defensa sea automáticamente secreta. Ese camino no fortalece la defensa nacional; debilita la democracia.

El Gobierno habla de soberanía aérea, pero oculta papeles. Habla de modernización militar, pero cierra la puerta al control social. En nombre de la seguridad, reinstala una lógica peligrosa: la de que el Estado no tiene que rendir cuentas cuando gasta fondos públicos en armas.

La pregunta ya no es solo cuánto costaron los F-16. La pregunta es qué otras decisiones estratégicas se están tomando sin control, sin transparencia y sin debate público. Y si la democracia argentina puede darse ese lujo.