El Gobierno oficializó la disolución de Vialidad Nacional y reestructura el control de rutas

El Gobierno Nacional ha dado un paso polémico en la reconfiguración del Estado al oficializar la disolución de Vialidad Nacional a través de un decreto publicado este martes 8 de julio en el Boletín Oficial. La medida forma parte de una drástica reestructuración del transporte terrestre, con la que se busca una gestión "más eficiente y transparente", la eliminación de duplicidades y un ahorro significativo para las arcas estatales.

La disolución de Vialidad Nacional, un organismo con más de 90 años de historia, venía gestándose y ya había generado masivas protestas de trabajadores en todo el país. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta decisión, junto con la supresión de otros organismos vinculados al transporte, busca "eliminar cajas de la política y estructuras administrativas" que incrementaron sus gastos para sostener personal y tareas consideradas innecesarias.

Se estima que esta medida generará un ahorro anual de 100 millones de dólares que aún no han especificado a donde irá ese dinero luego de la reestructuración. Con esta movida, el Ejecutivo ratifica su compromiso con el achicamiento del Estado y la lucha contra la corrupción en la obra pública.

Este proceso de reestructuración radical del transporte terrestre marca un antes y un después en la forma en que el Estado argentino gestionará su infraestructura vial y de control. Las responsabilidades que históricamente recayeron en Vialidad Nacional serán reasignadas a una nueva arquitectura de control y gestión:

• Control de Concesiones Viales: Se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que operará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este nuevo ente será la autoridad de aplicación en la fiscalización de las concesiones viales, buscando fortalecer la transparencia y evitar conflictos de interés al separar las funciones de adjudicación y control.
• Mantenimiento y Construcción de Rutas Nacionales (no concesionadas): Estas tareas serán reasignadas al Ministerio de Economía o a otros organismos competentes dentro del ámbito estatal, marcando un cambio en el modelo de gestión de la infraestructura vial.
• Seguridad en Rutas: Las funciones de seguridad y control en las rutas nacionales serán asumidas por la Gendarmería Nacional, que ampliará sus responsabilidades en este ámbito.

La noticia ha generado una fuerte preocupación en los gremios y trabajadores del sector vial, quienes advierten sobre el impacto laboral y el futuro del mantenimiento de la extensa red de rutas nacionales. Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en que el objetivo es optimizar recursos y concentrar funciones esenciales, abriendo además la puerta a nuevas licitaciones para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas que pasarían a manos privadas.