Palomitas: el crimen impune y la memoria que no se rinde

A 49 años del golpe y a 48 de la Masacre de Palomitas, la historia del terrorismo de Estado en Argentina sigue dejando heridas abiertas. Desde el penal de Villa Las Rosas hasta la ruta 34, los fusilamientos de once militantes salteños permanecen como símbolo del horror, pero también como bandera de lucha.

El 5 de julio de 1976, cuando caía la noche en el penal de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta, el silencio no era una casualidad. En el pabellón E, destinado a presos políticos bajo máxima seguridad, todo indicaba que algo estaba por suceder. Minutos después, el ruido inconfundible de los camiones Unimog del Ejército rompió la quietud. Los portones se abrieron, las botas resonaron, y once personas fueron sacadas de sus celdas.

Seis hombres y cinco mujeres. Militantes revolucionarios, presos por luchar. A la madrugada siguiente, fueron fusilados en Palomitas, a unos 40 kilómetros de la capital salteña, en un operativo planificado, encubierto y sistemático. El informe oficial habló de una fuga, de un ataque externo, pero la mentira era tan burda como conocida. La ruta 34 había sido cerrada horas antes. Nada quedó librado al azar.

La masacre fue parte del plan de exterminio instrumentado por el terrorismo de Estado, que no comenzó con el golpe del 24 de marzo de 1976, sino antes, durante el tercer gobierno de Perón. Con la Triple A, el ministerio de Bienestar Social de López Rega se convirtió en centro de operaciones de bandas parapoliciales. Allí se planificaban asesinatos y se almacenaban armas. Allí también se diseñaban las listas negras de la militancia.

Con el tiempo, esa represión clandestina se convirtió en política de Estado. El Operativo Independencia, lanzado en 1975 bajo el gobierno constitucional, instauró los centros clandestinos, la tortura y la ejecución de personas como métodos sistemáticos. Fue la antesala del genocidio que se profundizó con la dictadura cívico-militar.

En ese esquema, el golpe del 24 de marzo fue mucho más que una interrupción del orden democrático: fue una contrarrevolución preventiva, un intento brutal por recomponer el poder del capital, reducir salarios, derogar derechos laborales y disciplinar a la clase trabajadora. El terror fue la herramienta para reestructurar el país según los intereses del poder económico.

Entre los responsables de la masacre en Salta, el juez federal Ricardo Lona jugó un rol clave. Era él quien tenía a su cargo los expedientes de los detenidos. Durante décadas gozó de impunidad judicial y, cuando finalmente fue condenado, lo hizo en su casa por tener más de 70 años. Como tantos otros, pagó poco, tarde, o simplemente no pagó.

Hoy, a casi cinco décadas, el dolor sigue siendo profundo. Pero también es semilla de lucha. Las víctimas de Palomitas no son solo nombres en una placa. Son banderas que no se bajan. Sus sueños de revolución, justicia social y liberación nacional siguen latiendo en quienes, desde distintos espacios, se niegan a olvidar.

Desde el regreso de la democracia, una parte del pensamiento político argentino —dominado por el posibilismo y la resignación— ha intentado encerrar aquella historia en los márgenes de la memoria oficial. Pero del lado del campo popular, aún queda una tarea pendiente: construir una fuerza política alternativa, verdadera y propia, que enfrente a los herederos de los golpistas de ayer.

Hasta entonces, como dice el comunicado del Movimiento Rebelión Popular de Salta, seguiremos llevando a nuestros muertos con nosotros. Porque hay luchas que no terminan con una bala. Porque hay ideas que no mueren en el exilio ni en la cárcel. Y porque mientras haya memoria viva, la historia sigue escribiéndose.

Honor y gloria a los mártires de Palomitas.