Cuando el fútbol calla y el Estado mira para otro lado

La reciente rescisión de contrato a un jugador profesional del Club Gimnasia y Tiro, presionado por prestamistas colombianos a raíz de una presunta adicción al juego, expone una trama peligrosa y silenciada: la infiltración de la usura violenta en los márgenes del deporte salteño.

Lo que debería haber encendido las alarmas institucionales, judiciales y sociales fue tratado con un silencio espeso, casi cínico. Como si fuera un “problema personal”. Como si lo personal, cuando involucra amenazas, clubes e impunidad, no fuera también profundamente político.

En cualquier Estado de derecho, una denuncia pública —aunque no judicial— sobre aprietes por deudas con usureros extranjeros dentro de un ámbito deportivo debería bastar para que el Ministerio Público Fiscal actúe de oficio, y al menos inicie una investigación preliminar. Pero nada de eso ocurrió.

No hay partes oficiales, ni comunicados judiciales, ni siquiera una mínima inquietud expresada por el fiscal general. El Estado, por ahora, se corre del lugar que le corresponde: el de garantizar seguridad y justicia.

El azar como síntoma, la violencia como norma

Sabemos que la adicción al juego es una problemática de salud mental. Pero cuando la enfermedad se combina con el endeudamiento informal, y ese endeudamiento deriva en extorsiones dentro de una institución centenaria como Gimnasia y Tiro, ya no se trata solo de un drama individual. Estamos frente a un sistema donde el delito económico opera en la sombra, y se lo permite.

¿En qué momento se naturalizó que “aprietes” de usureros a futbolistas sean parte de lo cotidiano? ¿Desde cuándo aceptamos que un vestuario conviva con amenazas mafiosas como si fueran parte del folclore deportivo?

El club, en lugar de denunciar, rescindió el contrato y bajó la persiana. Cuidó su imagen institucional, probablemente con miedo a que el escándalo escalara. Pero esa decisión también dejó solo al jugador, y dejó sin respuestas a la sociedad. ¿Qué hubiera pasado si el jugador sufría un daño mayor? ¿Cuántos más atraviesan situaciones similares?

Cuando la omisión es política

La pasividad del Ministerio Público Fiscal es grave. Su rol no es esperar que un expediente golpee la puerta; es también actuar de manera preventiva, especialmente ante situaciones donde hay un posible delito, un posible entramado mafioso y un posible riesgo para la integridad de las personas. ¿O el hecho de que no haya una denuncia formal justifica que el Estado ignore una extorsión?

La usura violenta, los grupos de presión extranjeros y la vulnerabilidad de los deportistas jóvenes son tres ejes que ameritan una respuesta pública inmediata. No solo judicial: también social, institucional, política.

No es solo fútbol

Este hecho revela un síntoma más amplio: el deterioro del tejido social que rodea al deporte. La precariedad emocional, la falta de contención, el acceso fácil al crédito informal, la presión del rendimiento, la exposición mediática, y ahora también, el acecho de organizaciones usureras.

Hoy fue en Gimnasia y Tiro. Mañana puede ser en cualquier otro club. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado?

En una provincia con altos índices de violencia económica y de juego problemático, este caso debería encender todas las alarmas. Si el Estado no actúa, si los clubes callan y si los medios lo banalizan, entonces el mensaje para los jóvenes deportistas es claro y cruel: cuando el sistema te aprieta, estás solo.

Es hora de romper el silencio. Por el jugador, por el club y por todos los que vendrán después.

Ramiro Jiménez

Editor de El Tintero