PAMI en la mira | Denuncian a la gestión de La Libertad Avanza por desviar fondos

Un escándalo que compromete a la conducción de La Libertad Avanza (LLA) y tiene como eje al PAMI se extiende por diversas provincias del país. Se trata de una serie de denuncias que apuntan a presuntos pedidos de contribuciones económicas que los referentes del espacio de Javier Milei habrían exigido a funcionarios de la obra social de los jubilados para financiar actividades partidarias.

En varias provincias, las delegaciones del PAMI están bajo la influencia de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes son piezas clave en el armado territorial de Karina Milei. Uno de los focos más notorios se encuentra en Misiones, donde Carlos Adrián Núñez —designado por Karina Milei como referente del oficialismo libertario en la provincia— fue denunciado penalmente junto con otros dirigentes por descontar un 10% del sueldo a trabajadores de la ANSeS y del PAMI. La acusación también incluye un pedido de impugnación de la lista de candidatos a diputados provinciales presentada por LLA.

La presentación judicial fue realizada por Samuel Doichele, productor rural y referente libertario de Wanda, quien ya en febrero y marzo había elevado reclamos formales a Núñez alertando sobre el mecanismo. En la denuncia también fueron señalados Mario Pérez Miranda, Cristian Orlando Sanabria Brítez, Samantha Stekler —titular del PAMI Misiones— y Nelli Beatriz Guerrero, responsable de la ANSeS en Eldorado. Ambas funcionarias, además, figuran como candidatas a diputadas.

Este esquema no parece ser exclusivo de Misiones. Hay investigaciones en marcha en provincias como Chaco, Santa Cruz, La Pampa e incluso en Tucumán, donde ya se radicaron denuncias formales. En esta última, referentes de agrupaciones libertarias alertaron sobre prácticas similares de presión a empleados públicos vinculados al PAMI y exigencias de aportes en negro. La situación generó tensión dentro del espacio libertario local, que atraviesa una fragmentación interna creciente.

Frente a estas acusaciones, el PAMI emitió un comunicado oficial en el que rechaza la utilización política de sus delegaciones y afirma que “no serán más una caja negra al servicio de intereses partidarios”. En ese marco, se inició una auditoría interna con promesa de sanciones ejemplares.

En el caso misionero, el conflicto escaló en febrero cuando empleados de la ANSeS y el PAMI exigieron a Núñez que les devuelvan las sumas “voluntariamente obligadas” que se les habría forzado a transferir. Algunos dirigentes pidieron entonces su renuncia, especialmente tras conocerse su acercamiento al Frente Renovador de la Concordia, el espacio que gobierna Misiones hace más de dos décadas.

La tensión dentro de La Libertad Avanza en esa provincia podría profundizarse en la antesala de las elecciones del 8 de junio, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados misionera.

Situación del PAMI en La Pampa

En La Pampa, el conflicto adoptó tintes casi teatrales. Allí, Luciano Ortiz, actual titular del PAMI y conductor partidario, fue desplazado por Karina Milei, que intentó colocar a Juan Pablo Patterer en su lugar. Sin embargo, en febrero, la justicia invalidó esa maniobra y Ortiz fue restituido.

Las fricciones no terminaron ahí: surgió una tercera corriente liderada por María Victoria Rambur, una de las apoderadas nacionales del partido. En este cruce, aparece el nombre de Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo Provincial, a quien se acusa de ser el “recaudador” principal. Según la denuncia, Jamad es titular de una cuenta bancaria donde funcionarios habrían estado depositando el 15% de sus sueldos con fines partidarios.

Jamad reconoció ser el titular de la cuenta, pero negó cualquier tipo de coerción. Lo cierto es que el escándalo dejó expuesta la designación de al menos una docena de militantes libertarios en cargos públicos dentro del PAMI pampeano.

En medio de estas situaciones, el PAMI —bajo la órbita formal del secretario de Salud, Mario Lugones (padre del asesor presidencial Santiago Lugones, socio político de Santiago Caputo)— anunció una auditoría interna “profunda” para revisar las designaciones y los manejos económicos. “No se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que usaron el Estado para hacer política ilegal”, dijo el comunicado, apuntando directamente a los Menem..

La situación en Santa Cruz

En Santa Cruz, la polémica también se hizo presente. Sergio Torres, ex jefe del PAMI en Caleta Olivia, fue desplazado luego de denunciar a su superior, Jairo Guzmán, por presionarlo para que obligara a una médica a aportar dinero al partido. Aunque Torres admitió haber aportado el 10% de su sueldo, insistió en que fue por decisión propia. Casos similares ya están siendo investigados en Chaco y otras jurisdicciones.

Lo que sí queda claro es que hay un patrón común: un entramado de designaciones políticas ligadas a La Libertad Avanza que habrían usado al PAMI no solo como plataforma territorial, sino también como fuente de financiamiento partidario.