Fallo judicial: Lautaro Teruel a la casa y el juez Pérez sospechado

En el 2021 Marcos Lautaro Teruel fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado contra una menor de edad y una joven. Ahora, tras alegar un problema de salud, el juez Martín Pérez, le otorgó el beneficio de cumplir condena en su domicilio particular. El fallo judicial trajo polémica ya que pareciera haber una justicia para quienes tienen contactos y otra para quienes no tienen nada. Además, Pérez fue muy cuestionado por su rol en el asesinato de "turistas" francesas en 2011.

General 31/01/2023 Flavia Pacheco Flavia Pacheco
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Juez Martín Pérez

El hijo del reconocido cantante de Los Nocheros, Mario Teruel, finalmente logró lo que tanto esperaba. La justicia salteña le otorgó el arresto domiciliario y a pesar de estar monitoreado por una tobillera electrónica no será como otros condenados por abusos sexuales sino que podrá gozar de privilegiados beneficios.

Lo más llamativo de este caso no pasa solo por los motivos por los que se tomó esta decisión, sino por quién dio lugar al recurso de Habeas Corpus presentado por el abogado defensor del joven, Juan Casabella Dávalos. 

El acta de prisión domiciliaria para Lautaro Teruel fue firmada por el titular del Juzgado de Garantías N°1, juez de Feria, Martín Fernando Pérez. En los pasillos de los tribunales salteños corre el rumor de que la decisión estaría vinculada a la influencia política en favor del condenado solo por pertenecer a una familia reconocida en el ambiente artístico.

El motivo para volver a casa

En octubre del 2021, Marcos Lautaro Teruel fue declarado autor de dos casos de abuso sexual agravado, uno contra una menor y otro contra una joven de 19 años. Fue condenado a doce años de prisión efectiva y desde entonces cumplió con parte de su condena en el penal de Villa Las Rosas.

Antes de este fallo, la defensa del condenado había solicitado el beneficio que comenzó con una dolencia en su pie. Por este motivo, tuvo que ser internado en una clínica en donde fue intervenido quirúrgicamente. Su abogado pidió una junta médica para que evalúe su situación y los médicos concluyeron que era preferible que se quede en la clínica hasta que se cierre la herida y evitar que vuelva a contagiarse.

Cuatro meses después, a pesar de la recomendación de los profesionales, el condenado recibió el alta y tuvo que volver a la cárcel. A su vez, Casabella Dávalos inició una causa penal contra las autoridades del Servicio Penitenciario ya que le pusieron una cadena en el pie.

Este fue el planteo avalado en las últimas horas por el juez Martín Pérez, quien resolvió que Teruel cumpla la pena en casa, monitoreado por una tobillera electrónica, para así poder seguir adelante con su tratamiento y evitar posibles riesgos de recaída.

Sobre el juez Pérez

Uno de los casos que también trajo polémica fue el de las "turistas" francesas asesinadas en El Mirador de San Lorenzo en julio de 2011. Aquel crimen fue investigado por el juez Martín Pérez. Al respecto, Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, dijo que la investigación del juez en cuestión fue de "una pobreza absoluta y plagada de cabos sueltos”.

En su momento, luego del juicio por el abuso sexual y homicidio de Cassandre, de 29 años en el momento del crimen, y Houria, de 21, que se realizó en Salta en 2014, Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, se convenció de la inocencia de dos de los tres acusados de la causa: Daniel Vilte y Clemente Vera, contra quienes, a su criterio, no existía evidencia científica y categórica que los vinculase con el doble crimen. Ambos llegaron al juicio acusados por el tercer imputado, Gustavo Lasi, quien confesó haber abusado sexualmente de las víctimas, pero culpó a Vilte y Vera por los homicidios. 

La justicia resolvió absolver a Vilte y Vera por el beneficio de la duda y condenar a Lasi a prisión perpetua. Un año y medio después, el Tribunal de Impugnación condenó a Vera a prisión perpetua sin sumar nuevas pruebas ni rehacer el juicio.

Bouvier se refirió a esa condena y la catalogó como una felonía que tuvo como objetivo señalar, a cualquier precio, un segundo culpable como ofrenda expiatoria, con la única finalidad de disimular el malestar generado por los errores de la incompetencia del juez de instrucción de la causa, Martín Pérez, en el año 2011.

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