Un proyecto de ley busca poner a estudiar a quienes ocupen puestos políticos

La propuesta fue realizada por la diputada Verónica Saicha del bloque Salta Tiene Futuro y será debatido esta tarde.

La propuesta de ley tiene como iniciativa “concientizar acerca de los valores sentados en nuestra Constitución Nacional y Provincial, nuestro Sistema Representativo y Federal”. El eje central del proyecto es la capacitación sobre temas relacionados a la Democracia por parte de los distintos Poderes del Estado. Los destinatarios serán todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías.

Se prevé una jornada reflexiva de la que participarán quienes conforman el Estado Provincial con la intención de lograr mayor eficiencia y participación. De esta manera, se busca mejores caminos participativos para “perfeccionar, abonar, nutrir” un mejor gobierno para el pueblo, es decir la Democracia. 

El proyecto de ley se presenta en un contexto nacional de desencanto de la política, no solo por parte de la ciudadanía que a cada elección que se sucede acuden menos a ejercer su derecho al sufragio, sino también por parte de quienes se postulan para ocupar cargos políticos. Sabemos que la ignorancia es la mejor arma para aquellos gobernantes que buscan ir contra el pueblo.

Uno de los argumentos más fuertes hace hincapié en la importancia de profundizar sobre la recuperación del Sistema Democrático luego de la última Dictadura Militar en nuestro país. Tocando una fibra íntima del actual gobierno nacional y sus ediles, que luego de visitar genocidas en la cárcel, argumentan que desconocen nuestra historia, y quienes son las personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad; como es el caso de la diputada Lourdes Arrieta sobre Astiz.

Sorprende el posicionamiento de la diputada evangélica Arrieta, pues es hija de Tomás Arrieta, Cabo Primero del Ejército Argentino. El padre de la diputada dejó penosos recuerdos en su paso por la guerra por Malvinas, ya que ex combatientes de La Plata, lo acusaron de violar derechos humanos, por tratos extremadamente crueles, al punto de provocar la muerte por desnutrición de uno de ellos. La causa lleva el número 1777/17 en el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza federal Mariel Borruto.