El sobreseimiento de Sonia Escudero y la utopía de la independencia de poderes

Tras la liberación de Santos Clemente Vera, las críticas sobre el proceder de los jueces del Tribunal de Impugnación de la ex senadora tomaron mayor fuerza por lo que uno de ellos desistió en su acusación por calumnias e injurias contra Escudero. Esto dejó al descubierto los manejos del poder en Salta. 

Sonia Escudero fue sobreseída en la causa que se llevaba en su contra por calumnias e injurias en perjuicio del juez Luciano Martini, uno de los responsables de la condena a prisión perpetua de Santos Clemente Vera en 2011 por el crimen de las francesas luego de haber obtenido la libertad por el beneficio de la duda en 2016. 

A fines de 2020, la senadora (MC), Sonia Escudero, criticó el proceder del entonces juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, por considerar que su accionar no cumplía el debido proceso y avasallaba garantías constitucionales y el Código Procesal Penal. 

“Lo que indica la ley es que no se puede apelar una sentencia absolutoria y condenar directamente al imputado a perpetua”, sostuvo la exlegisladora a El Tintero. Agregó que, en su lugar, debería haberse llevado a cabo otro juicio en caso de que el Tribunal considerara que había prueba suficiente para condenar a Vera. 

Respecto a los dichos de la senadora, Martini no dio el brazo a torcer y se constituyó como querellante acusándola de calumnias e injurias. Pasado el tiempo, en 2022 se llevó a cabo una audiencia conciliatoria en la que Martini sostuvo la acusación. 

Finalmente, esta semana y poco tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara el fallo que mantenía encarcelado a Santos Clemente Vera, el juez Martini decidió desistir de las acciones penales y civiles llevadas contra Escudero. 

UN CHIVO EXPIATORIO

Los cuestionamientos iban en contra de Luciano Martini, hijo de la jueza de la Corte de Justicia de Salta, Sandra Bonari. En 2014 y sin contar con experiencia como juez, este funcionario judicial ascendió rápidamente hasta el Tribunal de Instancia Superior y en 2016 encarceló a Clemente Vera sin ninguna prueba.

“No tenían nada contra Clemente Vera quien fue elegido como chivo expiatorio para darle una respuesta a la sociedad y sobre todo a la política que exigía una rápida resolución del crimen”, afirmó Escudero.

En 2021, uno de los temas a tratar en la reforma de la Constitución de Salta fue el artículo 156 que indica que los jueces son "nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado prestado en sesión pública" y también reglamenta la duración de los cargos. No fue modificado.

Escudero señala que esto genera que los jueces de la Corte traten de que sus fallos agraden al Poder Ejecutivo de turno, del que depende la renovación de sus mandatos. De esta forma no hay participación ciudadana, la democratización en la elección de cargos está cada vez más lejos y pareciera que el poder “está blindado”.