Jujuy: Denuncian el plan represivo contra sectores populares

Como ya ha ocurrido hace 47 años en la región del NOA, Jujuy es hoy el centro de una acción represiva que pretende aplastar reclamos económicos y sociales, de variados sectores de la sociedad jujeña, al tiempo que –en el contexto electoral que vive el país— usa y expone la lógica de acción política como un rasgo característico y fundamental de su pretendido acceso a la vicepresidencia mediante el voto electoral. Queda así, palmariamente puesto en acción, lo que constituye el proyecto de nación que se quiere implementar a futuro, como una etapa más del histórico recorrido que tienen los grupos económicos, cuyas acciones vienen desarrollándose, ostensiblemente, desde las primeras décadas del siglo pasado. 

La trayectoria de Gerardo Morales, iniciada en Franja Morada, en Tucumán durante su paso por la  universidad, debería de haber impactado en su ya inexistente conciencia de los derechos que consagra la Constitución Nacional en resguardo, entre otros, de la autonomía universitaria. La entrada de la Policía jujeña a los predios de la Universidad Nacional de Jujuy ha visibilizado al gobernador de esa provincia y aspirante a vicepresidente, como el jefe del modelo de ajuste y represión que proponen para las futuras generaciones.

La actual situación que vive la sociedad jujeña en su conjunto, las expresiones públicas de quien ostenta el cargo de gobernador, aspirante a vicepresidente de la Nación Argentina, exigen una respuesta institucional de parte de las instituciones democráticas de nuestro país: *las autoridades jujeñas no están en condiciones de garantizar los derechos democráticos de nadie y están usando el aparato estatal para reprimir a los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestar su rechazo y desacuerdo a lo que fue una oprobiosa sesión legislativa de “nacimiento” de una nueva constitución jujeña, cuya característica principal es la falta de libertad para ejercer derechos ciudadanos y la entrega de la riqueza del suelo a sectores privados.  

Afirmamos y sostenemos que el avasallamiento de derechos que están padeciendo, no solo es una problemática de jujeños, sino que plantea la existencia de un problema nacional y ante esta realidad, y cualquier inacción de las instituciones del país, convierten a lo generado en Jujuy desde el gobierno, amenaza a toda la vida institucional de la sociedad argentina. En este contexto, demandamos que el Gobierno Nacional que está investido de la correspondiente  autoridad, intervenga en defensa de los derechos y garantías de los habitantes de todo el territorio nacional.

Por lo tanto, ante esta realidad, desde las organizaciones de derechos humanos del NOA, proponemos, pedimos y exigimos que los poderes constituidos de nuestra República, entren en vigencia, y que se resuelva institucionalmente, la anómala situación que vive la provincia de vecina.

Asimismo hacemos saber que apoyamos las demandas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que rechazan la modificación de la constitución jujeña y respaldamos las demandas de las diferentes organizaciones de esa provincia, en relación de sus situaciones económicas y sindicales.

Nos sumamos a  la exigencia de:
- Cese inmediato de toda acción represiva planificada e implementada por el gobierno de Morales
- Parar el plan de amedrentamiento viabilizado por el gobierno jujeño. 
- Detener el accionar espurio de los órganos judiciales que amañadamente persiguen y encarcelan ciudadanos jujeños.
- Libertad inmediata a todas las personas detenidas ilegalmente.  
 
Firman: Organismos de Derechos Humanos del NOA