Vecinos del Rio Arenales temen inundaciones ante el incumplimiento judicial de saneamiento

Con la llegada inminente de la temporada de lluvias, la pesadilla histórica vuelve a instalarse con fuerza en las márgenes del río Arenales. Las familias residentes en los barrios 13 de Abril y Ceferino atraviesan horas de profunda angustia ante el inminente peligro de nuevas inundaciones, una catástrofe evitable que se reitera año tras año debido al criminal abandono estatal. 

La gravedad del cuadro no es una percepción vecinal aislada, sino una constatación formal ratificada por la propia Corte de Justicia de Salta, que en reiteradas ocasiones dictaminó que el plan de saneamiento integral del río Arenales sigue incumplido por parte de los organismos provinciales y municipales.

A pesar de los fallos judiciales que ordenan medidas concretas de recomposición ambiental y protección ribereña, el Estado incumple sistemáticamente sus obligaciones, dejando a miles de salteños a merced de las crecidas que arrasan con viviendas, calles y pertenencias cada vez que se desata una tormenta.

El drama en el sur de la capital expone con crudeza la desconexión absoluta entre las prioridades de la clase dirigente y las urgencias vitales de los sectores populares. Mientras los vecinos exigen trabajos urgentes de limpieza, dragado y construcción de defensas antes de que el agua vuelva a ingresar a sus hogares, los despachos oficiales responden con silencio burocrático y chicanas legales.

La inacción frente al colapso ambiental del río Arenales no es un mero descuido administrativo, sino una flagrante violación a los derechos humanos más elementales. Obligar a las familias a convivir con la amenaza constante de perderlo todo mientras se cajonean las sentencias judiciales que exigen el saneamiento es la prueba más cabal de un Estado ausente y negligente, que solo reacciona con promesas de ocasión cuando el desastre ya está consumado.