Proyecto para prohibir que la policía difunda imágenes de detenidos sin orden judicial

El Tintero Legislativo 07/07/2026 Diputados, seguridad y derechos
Legislatura Salta Frente

El proyecto busca frenar la exposición mediática arbitraria de personas demoradas, una práctica que desde el bloque autor consideran una vulneración directa a los derechos constitucionales y un uso indebido de la tecnología por parte de las fuerzas de seguridad.

La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes un proyecto de ley que busca poner un límite estricto a la práctica, cada vez más común, de agentes policiales que filman o fotografían a personas durante procedimientos en la vía pública para luego difundir ese material. La iniciativa, que será tratada en el recinto junto a otros temas de funcionamiento legislativo y pedidos de infraestructura, apunta a proteger la integridad y el derecho a la privacidad de los detenidos.

Esta propuesta surge en un clima de creciente cuestionamiento hacia el accionar de algunos sectores de la fuerza. En los últimos tiempos, se han multiplicado las denuncias sobre la existencia de grupos de mensajería (WhatsApp y Telegram) integrados por efectivos donde se comparten imágenes o videos de personas recién aprehendidas. En muchos de estos casos, el contenido no solo carece de relevancia judicial, sino que es acompañado por comentarios degradantes, burlas y juicios de valor que revictimizan a los sujetos y vulneran el principio de inocencia.

Desde diversos organismos de Derechos Humanos, la medida es vista como un avance necesario. La exposición de una persona en redes sociales antes de que siquiera se realice una imputación formal constituye un "juicio paralelo" que estigmatiza a los individuos, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. La prohibición de esta práctica busca profesionalizar el accionar policial, limitando la difusión de material gráfico exclusivamente a los fines de la investigación judicial y bajo estricta orden de un magistrado.

Diversos informes periodísticos y denuncias ante la Secretaría de Derechos Humanos han puesto en evidencia una cultura institucional nociva en ciertas brigadas. Se ha documentado la creación de grupos donde la circulación de material privado de los detenidos se utiliza como un mecanismo de validación interna o "humor" deshumanizante. Estas prácticas contravienen las normativas vigentes sobre ética policial y protección de datos personales.

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