Polémico proyecto: proponen que las medidas por violencia de género venzan a los seis meses si no se revisan

La duración temporal de las restricciones de acercamiento y los botones antipánico ingresó formalmente al tablero legislativo salteño mediante una propuesta de reforma. A través del expediente N.º 91-54.120/26, la Cámara de Diputados de la Provincia dio ingreso a un proyecto de ley que propone fijar la figura de la "provisionalidad" explícita en las medidas de resguardo, obligando a una revisión judicial periódica cada seis meses.

La iniciativa, impulsada de forma individual por el diputado Guillermo Durand Cornejo del bloque Conservador Popular, pretende modificar las leyes provinciales de protección de víctimas de violencia familiar (Ley 7403) y de violencia de género (Ley 7888). Si bien el argumento técnico esgrime la necesidad de homogeneizar los criterios judiciales para evitar la "inseguridad jurídica", la propuesta enciende alarmas en las organizaciones civiles por la desprotección potencial que podría generar el vencimiento automático de las cautelares.

El núcleo de la reforma: caducidad semestral e intervención del Ministerio Público

La fundamentación del proyecto elaborado por Durand Cornejo apunta a incorporar de manera taxativa el artículo 10 bis a la Ley 7403 y, en simultáneo, sustituir el artículo 17 de la Ley 7888. El texto actual de ambas normas no establece un plazo máximo explícito de vigencia para las exclusiones de hogar o las prohibiciones de acercamiento, lo que según el legislador genera que muchas medidas se prolonguen indefinidamente en el tiempo sin un control real sobre el estado de la situación o el cese del peligro.

La reforma busca legalizar e integrar a los textos legislativos los criterios de la Acordada N.º 12.704 de la Corte de Justicia de Salta. El mecanismo propuesto establece que las medidas dictadas por los juzgados de violencia familiar y de género tendrán una validez máxima de seis meses; cumplido ese plazo, las fiscalías y defensorías oficiales deberán intervenir de manera obligatoria para realizar un informe técnico que determine si la situación de riesgo persiste para renovar el beneficio, o si por el contrario corresponde el archivo definitivo del expediente. De este modo, se busca aliviar la saturación de carpetas que arrastra el sistema judicial provincial.

Sin dictamen de comisiones: el freno a una discusión de alta sensibilidad social

Al igual que otros proyectos vinculados a la reestructuración del aparato judicial, el expediente fue girado al orden del día sin dictamen de las tres comisiones estratégicas encargadas de su análisis fino: la Comisión de Justicia; la Comisión de Legislación General; y la Comisión de Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia. El hecho de que no haya obtenido el visto bueno de las comisiones expone la cautela y las tensiones internas dentro de la Cámara de Diputados ante un tema de enorme sensibilidad pública.

Para los sectores que defienden los derechos de las mujeres y minorías vulnerables, fijar plazos rígidos de revisión judicial en un contexto de violencia intrafamiliar crónico representa un riesgo severo. Argumentan que el vencimiento de una perimetral a los seis meses obligará a las víctimas a atravesar una y otra vez la burocracia judicial para exigir una renovación, en un sistema de peritajes que ya opera desbordado por la falta de psicólogos y asistentes sociales. El debate parlamentario recién comienza, instalando la disyuntiva sobre si la prioridad debe ser la celeridad administrativa y la seguridad jurídica de los denunciados o el resguardo preventivo irrestricto de las víctimas.