Cargos ad honorem y burocracia de pasillo: el Concejo Deliberante se reparte comisiones mientras los túneles siguen enterrados

La rosca política en el Concejo Deliberante de Salta sumó ayer un nuevo capítulo de nombramientos, actas y formalidades que poco cambian la realidad de la ciudad. Durante la Sesión Ordinaria de la fecha, el Cuerpo legislativo sancionó dos Resoluciones de la Comisión de Labor Parlamentaria para designar a los concejales que ocuparán sillas en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA) y en la Comisión de Estudio e Investigación Histórica de los Túneles Subterráneos.

Detrás del pomposo lenguaje administrativo se esconde una contradicción evidente: se llenan planillas con nombres y partidos políticos para cumplir con los casilleros de las ordenanzas, pero las investigaciones reales sobre el patrimonio subterráneo están completamente paralizadas. La insistencia en crear comités con carácter "ad honorem" expone la falta de voluntad para financiar con presupuestos reales a los arqueólogos, ingenieros e historiadores que verdaderamente pueden desenterrar la historia colonial salteña, transformando estos espacios en una mera acumulación de títulos para los currículums de los ediles de turno.

CoMDUA y reparto por minorías

La primera de las normativas aprobadas en el recinto dio cumplimiento formal al artículo 24 de la Ordenanza N.º 16.486, correspondiente al Código de Planeamiento Urbano Ambiental. Este apartado exige que el CoMDUA esté integrado por 34 miembros con renovación bienal, reservando cuatro lugares para el Concejo Deliberante distribuidos de forma proporcional según las minorías parlamentarias. Cumpliendo con el manual de la burocracia, se designó a los concejales Alicia Vargas, Víctor Lamberto y Camila Lobo (todos representantes del Partido Salteño - PS), junto a Gonzalo Nieva (Juntos por el Cambio - J).

Si bien este Consejo tiene la responsabilidad de dictaminar sobre las principales transformaciones físicas, el tránsito y el destino inmobiliario de la capital, su funcionamiento suele diluirse en debates eternos mientras las excepciones al código edilicio avanzan a paso firme. El nombramiento de los legisladores funciona como un paso administrativo obligatorio, pero que rara vez se traduce en un freno real a la falta de planificación urbana o en una defensa irrestricta de los espacios verdes públicos en las barriadas periféricas.

La ilusión de los túneles subterráneos

La mayor crítica y desconfianza ciudadana se concentra en la segunda Resolución, vinculada a la Ordenanza N.º 16.296, la cual creó la Comisión ad honorem para el estudio de la mítica red de túneles subterráneos que atraviesa el casco céntrico de la ciudad. Para esta labor, el Concejo designó a los ediles José Luis Arias (Yo Participo - YP) y Agustina Álvarez Eichele (La Libertad Avanza - LLA) como representantes de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo. Aunque el texto de la norma asegura con entusiasmo que el objetivo final es reconstruir los datos históricos, rescatar la memoria colectiva y fomentar la actividad turística, cultural y educativa, la realidad material derrumba cualquier expectativa.

El planteo de que una investigación de semejante envergadura arquitectónica, arqueológica e histórica deba ser llevada adelante bajo una modalidad "ad honorem" expone la desidia y el poco valor real que la dirigencia le otorga al patrimonio de Salta. Desenterrar y mapear con seguridad estructuras centenarias que corren debajo del pavimento actual requiere de profesionales altamente calificados, tecnología de georradar y equipamiento específico que debe ser debidamente remunerado. Pretender que los políticos organicen comisiones honorarias entre ellos sin destinar un solo peso de presupuesto solo sirve para que los concejales sumen una "chapa" o un renglón más en sus antecedentes personales, mientras los históricos pasadizos salteños siguen bajo tierra, olvidados y sin un solo avance técnico que los devuelva a la comunidad.